Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Los denominados Consejos de Ministros descentralizados son solamente las típicas acciones de agitación y propaganda que realizan desde siempre los activistas de izquierda y sindicalistas. La diferencia es que ahora lo hacen con el dinero de todos los peruanos y derrochan millones de soles en cada evento, desgastando a la vez los aviones y helicópteros de las FFAA y la PNP.
Esas reuniones son utilizadas para hacer propaganda a una asamblea constituyente y para tratar de defender a Pedro Castillo y su gavilla de las fundadas acusaciones de corrupción que diariamente descubre la fiscalía o aparecen en la prensa. Allí no se toman decisiones sobre los problemas del Perú, como lo demuestra el hecho de que no existen actas de las sesiones.
Es una de las típicas expresiones del hecho que la informalidad -predominante en el país- ha tomado el gobierno.
Otra manifestación de lo mismo son los funcionarios que han asaltado el Estado, todos de la misma catadura. Por ejemplo, el recién designado ministro de agricultura, Javier Arce, tiene 20 denuncias fiscales, estuvo preso en San Jorge, y ahora es reo libre.
Es gente que se mueve permanente entre la informalidad y la ilegalidad, y que tiene particular habilidad para librarse de la prisión precisamente porque conocen todos los recovecos de la corrupción del sistema judicial.
Ejemplos de eso son también otros connotados partícipes del gobierno, Vladimir Cerrón y Zamir Villaverde.
El primero, sentenciado a cárcel efectiva por uno de los innumerables casos de corrupción en los que está inmerso, hizo que le cambiaran la pena y hoy se pasea libremente, dando conferencias sobre cómo instaurar una dictadura chavista en el Perú, dirige una bancada en el Congreso y es uno de los hombres más poderosos del país, que pone y quita ministros y funcionarios cuando le place.
El segundo, sentenciado a prisión por asaltar un restaurante, salió misteriosamente de la cárcel cumpliendo solo un quinto de la condena y, luego de convertirse en muy próspero empresario de seguridad -ironías de la vida que ocurren solo en el Perú-, se transformó en mecenas de Castillo y sus familiares, proporcionándoles vehículos y otros servicios inconfesables, y en operador de los más turbios negocios imaginables.
En esta pequeña relación de ciudadanos ejemplares, no podía faltar Dina Boluarte, que además de ocupar ilegalmente la vice presidencia gracias a la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones, ha desarrollado funciones como presidenta del club Apurímac, gestionando, entre otras cosas, que devuelvan la licencia cancelada al restaurante del club, como consta en documentos y como ha declarado el ex alcalde Jorge Muñoz, a quien Dina presionaba para conseguir favores. Y ella, acostumbrada a moverse en ese mundo en que se usa la legalidad para realizar acciones ilegales, sigue impertérrita ocupando un ministerio que maneja miles de millones de soles cada año. Y esperando su turno para reemplazar a Castillo.
Ni que decir de uno de los últimos escándalos, la tesis fraudulenta de Castillo y su esposa, que según los reportajes de Willax, no solo fue plagiada por uno de los tantos informales dedicados a ese lucrativo negocio, sino que fue fabricada recientemente, muchos años después que la universidad de César Acuña les regalara el cartón de magister. Es decir, esa universidad entregó dos de los más de 80,000 títulos que ha repartido sin que los agraciados tacabambinos cumplieran uno de los requisitos. Y luego habrían subsanado la ilegalidad con otra ilegalidad. Todo, se supone, con la complicidad de la universidad y su dueño, que maneja una de las más numerosas bancadas del Congreso que -extraña coincidencia- ha sido decisiva en posibilitar la subsistencia del peor gobierno de la historia.
En suma, una pandilla de individuos acostumbrados a moverse entre la informalidad y la ilegalidad, a burlar los oxidados engranajes del sistema judicial aceitándolos adecuadamente, es la que ha tomado el control del Estado hoy día.
Y para permanecer ahí y seguir perpetrando sus fechorías, adhieren una ideología contestataria, el socialismo del siglo XXI, que arremete contra la legalidad supuestamente en base a principios políticos, cuando en realidad no es más que una coartada de malhechores que pretenden burlar -nuevamente- la justicia y la cárcel, y seguir cometiendo sus latrocinios. Lampadia
