Por: José Ugaz S. M.
El Comercio, 2 de diciembre de 2019
La semana pasada se llevó a cabo la edición 57 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), la reunión más emblemática del sector privado peruano, que congrega a cientos de empresarios, políticos y funcionarios públicos, y que esta vez llevó por título “Perú, economía de mercado para todos”.
El programa ha girado en torno a los temas de institucionalidad, competitividad y lucha contra la corrupción.
Sin duda alguna CADE ha sido especial, pues se ha realizado en un contexto nunca antes visto, en el que han arreciado las críticas al empresariado de alto nivel por la participación de algunos de sus líderes más destacados en graves esquemas de corrupción y conflictos de interés, y, más recientemente, en cuestionados aportes a campañas políticas efectuados en circunstancias nada transparentes.
Como para tener una idea del estado de la situación, casi en simultáneo a la inauguración del evento, connotados empresarios fueron citados a declarar a la fiscalía, se liberó a Keiko Fujimori y a diversos árbitros, y se detuvo al expremier César Villanueva, sospechoso de haber recibido sobornos y querer entorpecer las investigaciones. También se archivó una de las investigaciones contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, a la vez que fue suspendido por el Colegio de Abogados de Lima.
Ante tamaña coyuntura, resulta saludable que los organizadores no hayan rehuido el reto que esta crisis plantea. Luis Estrada, presidente de CADE, inauguró el evento refiriéndose a la precariedad de nuestros líderes, muchos de los cuales, dijo, carecen de estructura y principios éticos, y están orientados a satisfacer fines personales antes que el bien común. En tanto, Elena Conterno, presidenta de IPAE, fue enfática al señalar que los hechos conocidos recientemente no dañan solo a una empresa, sino al empresariado en su conjunto, por lo que se debe poner la ética al centro del funcionamiento del Estado, los partidos políticos y la empresa.
Hoy como nunca antes, el sector empresarial es reconocido como actor principal en el debate anticorrupción. Ha sido necesario transitar por la traumática experiencia de ver a líderes empresariales desfilar por la prisión, y observar cómo empresas de primer orden pierden una reputación forjada a lo largo de décadas, trastabillando al borde de la quiebra, para empezar a superar las tesis conspirativas que por años se han enarbolado para colocar a la empresa en el rol de víctima, antes que de agente.
No es la primera vez, sin embargo, que el tema de la corrupción es tratado en este foro sin que luego se haya producido cambio alguno. Nunca, es verdad, en una coyuntura en la que el empresariado ha sido puesto contra la pared por una opinión pública indignada.
En tiempos en que la vecindad arde como consecuencia del hartazgo ciudadano traducido en furia por la falta de oportunidades, la insensibilidad de las élites, la inequidad y la grosera corrupción que enriquece a algunos pocos a costa de la mayoría, es de esperar un cambio de actitud que implique no solo un mea culpa como el que han resaltado los medios de comunicación, sino un sincero propósito de enmienda que se traduzca en hechos concretos.
La primera responsabilidad del sector privado en el Perú es desarrollar un modelo de negocio sostenible y con integridad, incompatible con la corrupción. Este no puede ser un costo más que se agrega al precio final. Ya se ha demostrado hasta el cansancio que la corrupción no solo distorsiona los mercados y encarece los bienes y servicios con el consiguiente perjuicio al consumidor, sino que tiene una serie de consecuencias inmateriales que socavan el desarrollo social, la gobernabilidad, y en último término, la democracia.
Hemos saludado en varias oportunidades el surgimiento de una iniciativa como Empresarios por la Integridad, aunque creemos que la coyuntura exige acelerar su desarrollo e impacto en la sociedad.
Ahora que el gobierno ha advertido que para superar la corrupción estructural que nos aqueja se requieren reformas profundas, el empresariado tiene un papel muy relevante que jugar en ese proceso. No en vano es el sector que cuenta con mejores recursos materiales y humanos, sino que también concentra conocimiento y capacidad innovadora.
Las reformas no pueden ser parciales o superficiales. Por ejemplo, si las tan criticadas donaciones a campañas políticas se hubieran dado en estos días de la misma forma –ocultas y excediendo los límites legales–, tampoco serían delito porque la Ley 30997 no sanciona esa conducta por no provenir los fondos de fuente prohibida.
Los empresarios peruanos han demostrado en muchos campos una tremenda capacidad para conseguir logros notables. Esta es la oportunidad histórica para hacerlo en el ámbito de la integridad y la transparencia. La urgencia y gravedad del problema puede no darles una segunda oportunidad.
*El autor es abogado de Dionisio Romero Paoletti
