Jorge Muñiz Z., Ex congresista
El Comercio, 11 de julio de 2016
El Perú cuenta con una legislación moderna comparable con los principales países latinoamericanos. La década del 90 al 2000 significó un adelanto sustancial en la modernización de nuestra estructura legal. Y esto es muy importante para una nación y una sociedad, porque las leyes son los planos de esa estructura y los legisladores sus arquitectos.
En esa década se promulgaron leyes básicas para el desarrollo social y económico del Perú. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades (Ley 26687), la Ley General de Arbitraje (Ley 26572 y Decreto Legislativo 1071), la Ley de Conciliación (Ley 26872), la Ley de Títulos Valores (Ley 27287), la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), la ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica (Ley 27291), el Código Procesal Civil (Decreto Legislativo 768), la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 26702), entre otras. Quedó sin aprobación la Ley Marco del Empresariado que hubiera sustituido al actual Código de Comercio, hoy lo único vetusto que queda en nuestra legislación y que data de 1902.
Pese a ello, los sucesivos congresos han aprobado todo tipo de leyes, algunas de ellas innecesarias. Esto ha dado lugar a la llamada “hemorragia legislativa”, problema originado por la frondosidad de leyes y que significa tener en la actualidad más de 30 mil leyes aprobadas por el Parlamento. Esto obedece al mal concepto de calificar el trabajo y la labor parlamentaria de los congresistas en función de la cantidad de proyectos que presentan.
Por esta razón, el Congreso de la República en el período 1995-2000 planteó la idea de crear una Comisión Permanente de Análisis y Revisión del Sistema Legislativo Peruano, proyecto que fue desechado.
No obstante ello, en la legislatura 2006-2011 se aprobó la Ley 29477, que dio inicio al Proceso de Consolidación del Espectro Normativo Peruano a cargo de una comisión especializada, la que después de arduo trabajo propuso al pleno del Congreso la no vigencia de 14,600 leyes, ya que estas implícitamente habían quedado derogadas y fuera del contexto jurídico. Esta cifra representa casi el 40% de la legislación actual que dice estar vigente. Nuevamente el proyecto no fue aprobado en el Congreso.
Al inicio del nuevo Congreso para el período 2016-2021 se hace imperiosa esta actividad, la que puede estar a cargo de una comisión especial multipartidaria o de una oficina dedicada a este ordenamiento legislativo.
Por otra parte, y a efectos de lograr una mayor coherencia normativa, este grupo de trabajo u otro especialmente dedicado debe tener en cuenta la necesidad de poner en efecto el concepto de “costo-beneficio”, pobremente utilizado en la gran mayoría de iniciativas legislativas. Para este análisis se requerirán no solamente abogados especializados, sino profesionales como economistas o sociólogos, ya que en muchos casos los proyectos de ley en cuestión contienen variables extra-jurídicas.
Es necesario, en fin, que exista una adecuada coordinación entre los legisladores y los asesores que preparan los proyectos de ley para cumplir con el precepto de tener una legislación ordenada y coherente.
Lampadia
