Las asociaciones público-privadas revelan políticas públicas claras en lo que respecta al desarrollo de la infraestructura.
Por: Giancarlo Villafranqui
Gestión, 27 de octubre de 2021
Todo gobierno debería concentrar gran parte de sus esfuerzos en tres aspectos básicos de desarrollo, como son educación, salud y seguridad. Es sabido que los estados pequeños pero fuertes se enfocan en estos tres puntos con un importante porcentaje de su presupuesto.
Brindar servicios de calidad no es una tarea sencilla y el presupuesto es limitado, más aún en situaciones de crisis como la que se atraviesa por la pandemia del covid-19. El Estado debe recuperar la economía, prepararse para una eventual tercera ola de contagios, garantizar el retorno seguro a las clases presenciales, sin dejar de lado los compromisos de todo gobierno como generar infraestructura pública que debe ser diseñada, construida y operada con eficiencia para mantenerse en el tiempo. Todo con el mismo presupuesto.
Así, se hace necesario aprovechar los diversos mecanismos con los que se cuenta y que han demostrado éxito, entre ellos, las asociaciones público-privadas (APP), las cuales han experimentado una pérdida de impulso que debe recuperarse. El Consejo Privado de la Competitividad (CPC) informó que mientras en el 2014 las adjudicaciones bajo APP alcanzaron alrededor de USD 6,000 millones, hoy llegan a un promedio de USD 300 millones anuales.
El mecanismo de las APP, como otros mecanismos que deben evaluarse de manera individual para cada caso, es un instrumento que permite cumplir con los fines públicos, incrementar la competitividad, así como focalizar esfuerzos porque logra que la administración estatal se aboque a aspectos de mayor urgencia. Además, como señala el Banco Mundial, es una vía para que el sector privado introduzca tecnología e innovación para mejorar el suministro de servicios públicos a través de la eficiencia operativa.
Por ejemplo, la inversión en educación contempla mayores esfuerzos que los estrictamente pedagógicos, las instituciones requieren equipamiento, sistemas informáticos, digitalización, procesos rápidos, servicios complementarios, entre otros. Entonces, se hace imperativo apostar por APP que garanticen infraestructura en plazos oportunos, vía financiamiento privado, en los momentos en los que se necesite y así lograr un mejor costo-beneficio en el largo plazo, gracias a los altos estándares de servicio del sector privado.
La apuesta por infraestructura en general genera competitividad y parte de la reactivación es proporcionar estas construcciones de carácter social. Así, el Estado ocupa un rol de supervisor y coordinador de la obra pública porque delega al privado especialista el diseño, construcción, operación y mantenimiento, aprovechando las ventajas de la eficiencia de los operadores privados y sus óptimos niveles de servicio, bajo penalizaciones en caso de incumplimientos.
Las asociaciones público-privadas revelan políticas públicas claras en lo que respecta al desarrollo de la infraestructura y la competitividad, lo que definitivamente es un mensaje muy necesario para los inversionistas en esta coyuntura.
