Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
En el Perú nos estamos mal acostumbrando a la protesta desbordada, que usa la fuerza extrema y viola los derechos de los demás ciudadanos. ¿En qué país del mundo, donde exista un gobierno democrático, regido por el imperio de la ley, es eso aceptado? Obviamente, en ninguno que se precie de ser una democracia y que cuente con un verdadero gobierno.
En el Perú, ciertos grupos políticos, nos han vendido la “narrativa” de que, impedir los desmanes y controlar que no se produzcan desbordes de la protesta que afecta los derechos de los demás ciudadanos, es un exceso, que se traduce en brutalidad policial. El gobierno actual no respalda a sus fuerzas del orden y se está generando en ellas un grave sentimiento y desmoralización, que impide poner límites a esas protestas.
No sólo eso, sino que se ha “santificado” a los dos lamentables fallecidos, durante la protesta que encumbró a Sagasti, acompañado de un terrible maltrato a la Policía Nacional y sus autoridades. Desde el lado de las autoridades políticas, no se ha acelerado el proceso de investigación que identifique a los responsables de esas pérdidas de vidas humanas y transcurrido más de un mes, no se ha identificado a los responsables, pero sí se ha hecho ofertas apresuradas de indemnizaciones. A la fiscalía “le han comido la lengua los ratones” y para estos efectos, no existe. La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al atropello legal contra los 17 generales defenestrados, pero sin efecto ni seguimiento alguno (sólo habló para las tribunas). Se tuvo que pedir la renuncia al Sr. Vargas en el MININTER por lo insostenible de su situación y se hizo una jugarreta con su reemplazo, únicamente para lograr la ratificación del gabinete, para luego designar a un ministro que dice que “no es el jefe de la policía” y que muy suelto de huesos informa, que los policías que han sido atacados por las turbas en la carretera Panamericana, que están con cabezas rotas, heridas punzo cortantes abiertas en la cara y cuerpo, “están bien, un poco golpeados, pero bien” y para él no pasó nada…
Se envía a la policía a los lugares de protesta, absolutamente inermes, a resistir a pie firme el ataque de las turbas, quienes no sólo superan ampliamente en número a los efectivos policiales enviados, sino que además están armados con hondas, piedras, bombas Molotov, entre otros elementos. ¿A eso es lo que le llaman “uso proporcional de la fuerza”? ¿La autoridad tiene que enfrentar de igual a igual, si no disminuido, a los delincuentes? ¿En qué mundo se han imaginado tamaña barbaridad? No señores, la autoridad debe ser respetada por su sola presencia y si alguien pretende atacarla, debe ser consciente que está poniendo en riesgo su integridad personal. Lo contrario es dar pase libre a la anomia y al desgobierno.
En esa misma línea, los ataques a las Fuerzas Armadas en el VRAEM continúan y la ministra de Defensa se permite hablar de “cambio de rumbo” para estas fuerzas. Esto enciende las alarmas, después de haber iniciado su gestión, induciendo al presidente a un desaire a las Fuerzas Armadas, al no haber asistido a las correspondientes ceremonias de graduación de sus oficiales.
Algo está pasando acá, ya que en política no hay coincidencias y, da la casualidad, que en el ministerio del interior se maltrata a la estructura jerárquica de la Policía Nacional, se designa a un Comandante General inexperto y no caracterizado, únicamente por ser obsecuente y dócil al poder político del momento. Se envía contingente policial debilitado, física y moralmente, al mando de jefes inexpertos, sin mandato claro y sin apoyo político. Por otro lado, se empieza a fustigar a las Fuerzas Armadas, aprovechando de su silencio y respeto al orden constitucional por no ser deliberante político.
¿Queremos celebrar el bicentenario maltratando y disminuyendo a las fuerzas que han protegido a la República durante estos dos siglos? ¿Qué propósitos ocultos hay tras este maltrato y manoseo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional?
Todo parece indicar, que la izquierda está buscando una escalada de mayor dimensión, con posiciones maximalistas en todo orden de cosas (políticas y económicas) y para eso requiere un Estado debilitado desde el punto de vista presupuestal, institucionalmente débil, con gobernantes, congresistas y miembros del sistema judicial, sometidos al escrutinio ciudadano bajo sospecha de corrupción (cosa que en muchísimos casos aflora) y en ese ambiente, ahora también atacado con múltiples mensajes repetidos desde la cátedra en muchas universidades, algunos miembros de la curia, con el eco de una prensa confundida o comprada (hay elementos para pensar en las dos opciones) y para completar el círculo, debilitando y sometiendo a las fuerzas del orden, poniéndolos a la par que los “protestantes”.
En esa línea, me avergonzó el increíble comentario hecho por el ministro del interior: “si la Policía y quienes están protestando no ejercen actos violentados, pues se generará un clima de paz”. Con esto deja claro que en el Perú no tenemos autoridad y que, ante las protestas, cuando se envía a la Policía, en realidad estamos enfrentando dos “bandos” contrapuestas, de igual categoría, moral y derechos para ejercer la fuerza. ¿Cuándo perdió el Estado peruano el derecho al monopolio de la fuerza? ¿Desde cuándo en el Perú la relación Policía-delincuencia, es una relación entre pares?
Sinceramente no puedo creer que el representante del gobierno, responsable del orden interno, afirme semejante cosa, después de afirmar que, “no es el jefe de la policía”.
¡No hay derecho que se deje vía libre al socialismo del siglo XXI! Lampadia
