Recientemente, se ha afirmado que el Programa Integrado de Nutrición (PIN Infantil) del Pronaa (alimentos y papilla) combatía eficazmente la desnutrición crónica infantil (DCI) y que desde su desactivación el Estado habría dejado de proteger a las gestantes y los niños de 0 a 3 años. Sin embargo, las evaluaciones realizadas, la evidencia científica y la situación actual de la DCI sostienen lo contrario.
¿Qué sabemos a partir de la evidencia? Que los programas alimentarios, como el PIN Infantil, son ineficaces para reducir la DCI. Tan es así, que la prevalencia de la DCI se mantuvo casi inamovible por diez años (1996-2005) –se entregaba alimentos– y solo se redujo 1,8 puntos porcentuales.x
En cambio, a partir de que el Estado asignó recursos para implementar intervenciones efectivas basadas en la evidencia científica (Lancet 2008), este indicador se redujo en más de 10 puntos en solo cinco años (2007-2012) (Endes, patrón OMS).
Estas intervenciones efectivas promovidas también por el Midis (Resolución Ministerial 131-2012-Midis) son las que se entregan mediante servicios universales en los sectores de Educación, Salud, Vivienda y Agricultura, así como en programas de presupuesto por resultados, como Juntos, el Programa Articulado Nutricional (PAN) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
La evidencia científica muestra además que el PIN Infantil no llegaba con los alimentos a las familias, y cuando llegaba, no era nutritivo ni era consumido. El PIN Infantil entregaba los alimentos a los servicios de salud, cuyo personal no tenía ningún mandato para asegurar su entrega a las gestantes y menores de 3 años.
Las evaluaciones confirman que tan solo 11% de los hogares pobres recibían papilla (Enaho 2011). Asimismo, se encontró que el aporte nutricional era bajo: solo se alcanzaba entre el 13% y 18% de los requerimientos calórico-proteicos necesarios. Por si esto fuera poco, solo el 48% de los hogares que recibieron los alimentos los consumieron (Endes 2010). Todo esto, en un contexto de mercados monopólicos y con serios problemas de gestión y corrupción.
La lucha contra la DCI es una prioridad nacional, que se expresa en un presupuesto de S/.4.340 millones en el 2013, 29% mayor que el presupuesto del 2012. La DCI ha caído en 5 puntos porcentuales del 2010 al 2012, cumpliendo por adelantado con la meta de los Objetivos del Milenio 2015.
Sin embargo, la DCI sigue siendo un reto para el país, por lo que se requiere un serio compromiso político al más alto nivel, el cual se ha ratificado en la clausura de la II Semana de la Inclusión Social en el marco de Incluir para Crecer, y continuar con el uso de las evaluaciones para seguir aprendiendo de lo que funciona y lo que debe ser mejorado.
Esto es central para seguir construyendo una política que permita la igualdad de oportunidades para todos y todas en el Perú, empezando por la primera infancia.
Publicado en El Comercio, 31 de octubre del 2013
