Verónica Zavala, Representante del Grupo BID en México y expositora en CADE Ejecutivos 2016
El Comercio, 25 de noviembre de 2016
El Gobierno ha aprobado en el marco de las facultades delegadas un paquete simplificador que regresa sentido común a algunos elementos de trámites transversales en el Estado: no exigir documentos inútiles, no pedir información que el mismo Estado tiene, eliminar la necesidad de entregar copias de documentos oficiales, entre otros.
El objetivo que ha buscado el Gobierno tiene que ver con hacer al Estado más amigable con el ciudadano y ayudar a la formalidad. Se ha anunciado que vendrán medidas como estas para los ámbitos sectoriales.
Un elemento que está presente pero se ha explicitado menos es combatir la corrupción. La corrupción, entendida como el uso indebido del poder de la autoridad para obtener un beneficio personal, se facilita cuando estamos ante trámites altamente costosos y complejos, cuando hay mucha interacción entre el Estado y el administrado y cuando cunde la impunidad, sea porque es difícil probar la corrupción o porque el costo de perseguir al corrupto es muy alto en relación con el costo del trámite.
Diversos académicos han destacado que una gran diferencia entre los países desarrollados y aquellos que tenemos un trecho que recorrer para converger al desarrollo es que los primeros cuentan con menos reglas o reglas más flexibles, pero cuyo cumplimiento es inflexible, en tanto las reglas en los países menos desarrollados (y aquellos en que la corrupción está más presente) son muchas, rígidas y complejas, pero su cumplimiento es flexible.
Usemos de ejemplo el caso del brevete. El procedimiento diseñado en el Perú debe ser el más complejo del mundo. No solo hay que acreditar que se conoce el reglamento de tránsito, sino que hay que saber mecánica, primeros auxilios y estadística sobre accidentalidad. No solo comprueba que el postulante ve, escucha y tiene capacidad de moverse, sino que debe pasar un comprehensivo examen médico y psicológico.
Estimo que cumplir con el curso (mínimo de 20 horas entre teoría y práctica), los exámenes y los pagos toma por lo menos una semana. Un costo tan alto es caldo de cultivo para la corrupción. Si pensamos de buena fe, estos requisitos buscan generar mayor seguridad vial en un país que lo necesita. La pregunta es si estos requisitos aseguran choferes que cumplen las reglas de tránsito. La respuesta es no.
La seguridad está dada por la conducta de los choferes y no por lo difícil y complejo del ejercicio de otorgamiento o renovación de la licencia. El énfasis debe estar en verificar que aquellos que obtuvieron la licencia cumplen las reglas.
Regresando al paquete simplificador, este no solo debe ser seguido con paquetes sectoriales de simplificación ambiciosos, como es el necesario caso del brevete, sino que se necesita una norma transversal que ponga un verdadero candado a la sobrerregulación a futuro (por ejemplo, exigir programas piloto, documentar que la medida propuesta ha tenido el impacto buscado en otro país o proveer información sobre capacidad de ‘enforcement’). Esto es clave para mantener una buena higiene regulatoria en el tiempo.
PD. Disculpe, lector, el uso de la palabra ‘enforcement’ en inglés. Ocurre que, como con ‘accountability’ o ‘constituency’, no hay una traducción directa, tal vez porque el mismo concepto nos es ajeno.
