Ricardo León Dueñas
Expreso, 12 de noviembre del 2026
En las elecciones presidenciales de 2026, Rafael López Aliaga perdió el pase a segunda vuelta. Si bien hubo severas irregularidades que lo perjudicaron, adujo —sin probar nada— un fraude. Durante la campaña, y una vez conocidos los resultados, insultó a medio mundo, se peleó con todos, individualizó su cólera y amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, incluyendo una muy desafortunada alusión de índole sexual. Ignoró, además, que Burneo es solo un miembro más de un colegiado de cinco integrantes; de hecho, su voto ni siquiera es dirimente y preside dicho ente por expresa disposición constitucional.
Luego, y no contento con dicha actuación, no quiso acceder al Senado, cargo para el cual había sido elegido con más de 200 000 votos. Antes ya había renunciado a la alcaldía; dejó inconclusas varias obras e impulsó un arbitraje que todo abogado independiente y serio objeta. Después postuló a primer regidor en Lima, plenamente consciente de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Entonces, su candidato a burgomaestre, el médico Luis Rubio —una pantalla, obviamente—, renunció “sorpresivamente” antes de las elecciones, dejando el camino abierto para que López Aliaga accediera a una evidente e ilegítima reelección encubierta. Quedó así al descubierto la conducta errática e irresponsable del líder de Renovación Popular, configurándose un claro intento de fraude a la ley.
Por su parte, el comportamiento del JNE no ha sido mejor. Dicha entidad actuó también de manera errática, vacilante y a destiempo permitiendo todo este desaguisado. Cuando pudo impedir de forma oportuna y decisiva toda esta farsa, no lo hizo; recién acaba de actuar con una elección consumada, impidiendo el acceso al poder de López Aliaga tras unos comicios municipales en los que el electorado de Lima le otorgó el voto mayoritario. En todo caso, la decisión del JNE es inapelable, pues dicho ente —conforme lo establece la Constitución— es última y definitiva instancia en procesos electorales; por tanto, López Aliaga y los demás candidatos en esa misma situación deberán asumir los cargos de regidores.
Hemos asistido a lo largo de la historia a muchas situaciones políticas anómalas, pero la que acabamos de describir debe de ser una de las más surrealistas e insólitas de las que tengamos memoria. Una en donde todos, absolutamente todos, han actuado mal.
Como corolario, hoy una megalópolis como Lima Metropolitana —con cerca de 2 700 kilómetros cuadrados de extensión, más de 11 millones de habitantes y todos los problemas acuciantes que enfrenta— va a estrenar a una alcaldesa a quien nadie conoce y por la que nadie votó para que se encargue de tan monumental tarea, accediendo al puesto por el solo hecho de haber sido candidata a segunda regidora de la lista ganadora. Peor, casi imposible; y decimos “casi” porque este país nunca deja de sorprendernos. La informalidad, la improvisación y la cultura “chicha” se han impuesto, hoy en temas electorales, y lo han hecho de manera clara, indubitable y contundente.
