Óscar Sumar, Director de la Carrera de Derecho, Universidad Científica del Sur
Gestión, 10 de diciembre de 2019
Habitualmente se dice que nuestra Constitución de 1993 es “neoliberal”, por lo que debería ser cambiada.
Esta narrativa, como hemos podido notar, no es distintiva de nuestro país, sino que recientemente se escucha en Chile y Colombia también, pero ¿está justificada?
Contrariamente a lo que se piensa y dice, nuestra Constitución no es particularmente liberal en lo económico, es parte de una ola de reformas constitucionales que ocurrió en nuestra región entre 1980 y 2000. Esto se debió parcialmente a la influencia del Consenso de Washington (reunión de expertos del Banco Mundial), que sugirió “ajustes estructurales” en la forma en la que los países de nuestra región manejaban sus políticas económicas.
¿Esta influencia nos volvió hiperliberales? Es verdad que países como Colombia, Chile o el Perú fueron líderes en seguir las reformas, pero no fueron excepcionales en adoptarlas. Además, estas reformas estructurales estuvieron lejos de ser la panacea del liberalismo.
Los países deberían tener un manejo ordenado de sus monedas, para lo que se crearían bancos centrales independientes. En este punto, el Perú fue un alumno aplicado del Consenso y ahora contamos con un BCR premiado internacionalmente por la seguridad que le da a la economía. Asimismo, los mercados empezaron a abrirse al comercio internacional. Esto parece tener sentido independientemente del color político. También se propuso reducir la actividad empresarial de nuestros gobiernos. Esto se hizo a medias y la ausencia de empresas estatales no fue reemplazada por el “mercado salvaje”, sino por regulación. La privatización trajo aparejada la creación de las famosas “osis” (Osiptel, Ositran, etcétera) e Indecopi. No obstante, la “privatización” de la economía no alcanzó a todos los sectores. Fuera de ejemplos de empresas públicas como Sedapal o Petroperú, hay sectores de la economía en los cuales el Estado tiene el mandato constitucional de intervenir como lo son educación, salud e infraestructura.
Tampoco se toma en cuenta que estas provisiones económicas que –como ya se vio– son moderadas, no están solas. La parte económica está acompañada por una parte que reconoce una serie de derechos políticos y asistenciales que es aplicada por jueces –en especial, por el Tribunal Constitucional– que tienen todo menos una orientación neoliberal.
¿Es razonable pensar en cambiar el capítulo económico? Si acaso algo necesita cambiarse es mejorar la calidad y alcance de los servicios públicos, reducir la informalidad y mejorar la seguridad ciudadana. Ninguno de estos objetivos imprescindibles requiere una reforma de la Constitución para ser alcanzado. En definitiva, tenemos una constitución económica que consagra el manejo ordenado de la economía, el gasto enfocado en los sectores más sensibles socialmente y un balance entre regulación y libre mercado que incluso disgusta al más libertario.
