Patricia Teullet
Perú21, 24 de febrero del 2025
«Los programas sociales en general y los alimentarios en particular son paliativos en un país que no es capaz de proveer las herramientas para que las personas se sostengan por sí solas».
Dos escándalos relacionados con alimentos en estas semanas y en dos extremos, el de los más pobres y el de un pequeño grupo privilegiado. No es la primera vez que se descubre que un programa social reparte alimentos no aptos para consumo humano, pero esta vez la prensa le ha dado mayor cobertura y en las investigaciones han saltado pruebas de presunta corrupción en la administración de estos programas y en las compras que hacen sin que importe la idoneidad de los alimentos adquiridos. Estos alimentos deberían contener incluso un porcentaje importante de los micronutrientes (vitaminas y minerales) que el organismo necesita.
Parte del problema es que, al escoger los proveedores, se ha querido, al mismo tiempo, beneficiar a diversas empresas que aparecen y subsisten solo amparadas en el negocio que les supone el abastecimiento de los programas sociales, empresas que no tienen un nombre o una reputación que arriesgar. Son mayormente empresas cuyo único cliente es el Estado.
En realidad, el ideal sería poder combatir la anemia y la desnutrición con otras herramientas: empleo (y, por ende, ingresos para adquirir alimentos adecuados), agua potable, acceso a servicios de salud y educación nutricional, etcétera.
Los programas sociales en general y los alimentarios en particular son paliativos en un país que no es capaz de proveer las herramientas para que las personas se sostengan por sí solas. En la mente de los gobernantes debería estar claro que el objetivo no es agrandar o prolongar estos programas, sino que estos dejen de ser necesarios. Ahora, bien, mientras existan y se requieran, deben estar diseñados para atacar, directamente y sin rodeos, los problemas que deben resolver, sin distraerse en objetivos subalternos.
Desafortunadamente, un fenómeno común en los programas sociales es la corrupción y cuanto mayores son los presupuestos asignados a estos, mayores las oportunidades de robo. Y es imperdonable que, como ha ocurrido en Qali Warma, la ganancia de los corruptos, empresarios y funcionarios sea a costa de la alimentación de niños en situación de pobreza.
El segundo escándalo es el relacionado con la adquisición de alimentos para los congresistas. Allí sí, a diferencia de lo que ocurre con la población necesitada, se escogen raciones costosas con contenido específico de proteínas y se incluyen hasta bocaditos de coctel con descripciones precisas.
Las diferencias no podrían ser mayores. Hay un abismo entre lo que se piensa que merecen nuestros niños y lo que se piensa (o pensaba, si es que el escándalo impide que se salgan con la suya) que merecen 130 adultos cuyo mantenimiento nos cuesta cada vez más y que no han hecho sino desprestigiar la institución a la que pertenecen.
