Felipe Tudela
El Comercio, 9 de octubre del 2026
“El Estado y la minería ilegal forman, en la práctica, una asociación criminal”.
Los representantes del Estado afirman que combaten la minería ilegal y la delincuencia.
Algunos creen, con razón, pero con ingenuidad, que desregular la minería bastaría para que los informales e ilegales se formalicen.
¿Pero qué ocurre si una razón poderosa y oculta dificulta esa desregulación?
Hay un efecto poco advertido. No se trata únicamente de que con normas razonables las empresas podrían destrabar proyectos paralizados ni de que la inversión nacional y extranjera traería capitales al país. Eso es cierto, pero secundario. Lo esencial, lo que nadie menciona, es que el gran promotor de la minería informal, de la ilegal y de la delincuencia que las acompaña es el propio Estado.
¡La ley atosiga al minero formal, no así a informales e ilegales! Estos últimos operan sin resistencia eficaz que se les enfrente.
Se objetará que hay operativos policiales y militares, y que el problema radica en falta de inteligencia, equipos o una legislación que elimine trabas innecesarias. No es así. Esas medidas no atacan la raíz. El exceso normativo convierte al Estado en cómplice y socio de la minería ilegal: bloquea el acceso de la formalidad a zonas mineralizadas y entrega de facto el monopolio a los ilegales. A estos les conviene precisamente que el Estado sobrerregule y asfixie a la minería formal.
Pero hay más: el Estado no solo oprime a la minería formal, sino que favorece de manera explícita a la minería informal, dándole patente de corso. Les permite operar con licencia del Estado. Recuérdese aquellos tiempos pasados en que piratas y corsarios asolaban los mares: los primeros robaban navíos por cuenta propia, mientras los segundos lo hacían con la venia de algún Estado. En otras palabras, los dados están cargados en contra de los mineros formales, de manera fraudulenta, privándolos de condiciones justas.
El Estado y la minería ilegal forman, en la práctica, una asociación criminal. Lo que se ve es únicamente un barniz superficial de combate contra la minería ilegal y de buenas intenciones puramente verbales, sin propósito alguno; lo que no se ve es esta complicidad estructural.
¡Urge desregular con coraje y accionar el Escudo de las Américas!
Las regulaciones excesivas cierran el territorio a la minería formal y lo entregan a ilegales y delincuentes. Con ellas, el Estado ha conferido a criminales un monopolio sobre parte de los recursos minerales del país a expensas del desarrollo económico y de la estabilidad del Perú.
