En el contexto actual de ralentización del crecimiento generado por variables externas, que incluyen la reducción en el precio de nuestras principales exportaciones mineras, conviene no perder de vista el enorme potencial de este sector y sus impactos en la economía del país. Contamos con una cartera de proyectos que podrían traducirse en más de 50 mil millones de dólares en inversiones, incluyendo expansiones en curso y nuevas iniciativas, algunas con estudios de impacto ambiental ya aprobados.
De allí la enorme e impostergable necesidad de facilitar estos emprendimientos, entendiendo que su impulso podría insuflarle un nuevo dinamismo a nuestra economía. No podemos darnos el lujo de desaprovechar esas oportunidades, habiendo hecho lo propio con otros megaproyectos cuya puesta en marcha oportuna habría mejorado de manera significativa nuestras perspectivas económicas en el corto plazo.
Contrariamente a lo que muchos críticos de la industria sostienen, a lo largo de la última década, la minería ha densifi cado su relacionamiento con las cadenas productivas del país. Como lo señala un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) que hace uso de la nueva tabla insumo-producto, cada US$ 1,000 millones en exportaciones mineras adicionales tienen un impacto equivalente a US$ 1,470 millones sobre el PBI nacional. Precisamente, en virtud de estos eslabonamientos, la minería absorbe un nada desdeñable 14% de la producción del sector manufacturero. Otro reciente artículo de Aragón y Rud muestra los importantes impactos sobre los ingresos locales asociados a la actividad minera.
La implementación de estas inversiones podría generar más de 2 millones de nuevos puestos de trabajo o 2/3 del total de empleos creados en la última década. Las consecuencias positivas de la inversión minera también se manifestarían en crecientes contribuciones fiscales y la consecuente expansión de la inversión en infraestructura y servicios sociales, por no referirnos a la dinamización de las economías regionales y las importantes ganancias de bienestar de la población en zonas andinas.
Respecto a esto último resulta aleccionador reparar en los reclamos planteados por algunos gobiernos locales que exigen compensaciones para contrarrestar la reducción del canon asociada al reciente bajón en el precio de los minerales. Ello ocurre aun cuando existe un remanente de S/. 4,000 millones acumulados de ejercicios anteriores que no se han podido gastar. Por lo demás, esta situación debiera llevarnos a perfeccionar los mecanismos de distribución para evitar nuevos sobresaltos y poder contar con un flujo más constante de transferencias a futuro. Además de la creación de un fondo de estabilización, como sugiere el MEF, se podría contemplar también el establecimiento de vehículos de inversión especiales (hay varias experiencias internacionales exitosas).
Es de esperar que algunas de las inversiones mapeadas no se materialicen en lo inmediato debido a las condiciones externas. Sin embargo, debemos hacer lo posible para que aquellos proyectos que resulten comercialmente viables puedan ejecutarse sin los contratiempos que han dificultado la ejecución de otras iniciativas. Para ello, no basta con las medidas aprobadas para destrabar procesos y facilitar trámites, sino que será necesario mitigar la escalada de conflictos sociales que podrían frenar buena parte de esas inversiones. Esto requerirá la prevención y mediación pública, cuando no el fortalecimiento de las capacidades e instituciones locales.
Publicado en Gestión, 2 de setiembre del 2013
