Por: Oswaldo Molina
El Comercio, 10 de mayo de 2021
La insatisfacción de una importante proporción de la ciudadanía, que viene exigiendo en este proceso electoral cambios radicales, nos debe obligar a todos –tirios y troyanos– a detenernos a pensar en qué se ha fallado y qué se puede hacer mejor. A pesar de los considerables avances en diversos indicadores sociales que hemos experimentado en las últimas décadas (como una formidable reducción de la pobreza, que pasó de 59% en el 2004 a 20% en el 2019), es evidente que debemos seguir esforzándonos por transformar el crecimiento en un mayor bienestar para todos los peruanos. En esa discusión, un aspecto que no se puede dejar de lado es el rol del Estado y de las instituciones. Construir el país que soñamos requiere justamente de un Estado que, a través de la provisión de servicios públicos de calidad y de un potente sistema de protección social, pueda generar verdaderas oportunidades a todos los peruanos, en especial a los más excluidos. Y ese punto –edificar un Estado eficiente, que genere oportunidades– es quizás uno de los aspectos que más hemos descuidado. La pandemia nos lo ha restregado en el rostro inequívocamente.
Y es que cómo es posible que un país cuyo presupuesto en salud se ha más que triplicado en la última década (el presupuesto inicial asignado pasó de 5,7 a 20,9 miles de millones de soles entre el 2009 y el 2021), solo haya tenido 100 camas UCI al inicio de la pandemia. Si los recursos han aumentado, ¿por qué cerca de 8 de cada 10 establecimientos del primer nivel de atención siguen teniendo una infraestructura inadecuada y la mitad no cuenta con médicos? ¿Qué es, en definitiva, lo que explica esta terrible discrepancia, que impacta tan fuertemente en el bienestar y percepción de la población más vulnerable? Dos cuestiones pueden ayudarnos a explicar esta discrepancia. En primer lugar, la ineficiencia del aparato estatal. Y aquí es importante resaltar que se trata de todos los niveles del Estado, pues los gobiernos regionales y locales deben ejecutar alrededor del 60% del presupuesto total del sector salud. Pues bien, el sistema de salud peruano es muy fragmentado, con muchos subsistemas (Minsa, Essalud, FF.AA., etc.) que no conversan necesariamente entre sí. Emprender reformas, además, es difícil cuando en los últimos cinco años se ha tenido once ministros de Salud y la duración promedio de un director general, directivo clave para la implementación de políticas, ha sido de solo 6,9 meses en dicho ministerio. Los niveles de ejecución asimismo muestran los enormes problemas de gestión. Así, a nivel subnacional, de acuerdo con el Informe de Eficacia del Gasto Público de Comex, existen nueve departamentos que no han superado el 10% de ejecución de su presupuesto en salud durante el primer trimestre de este año. Aun peor, 16 gobiernos regionales no superaron el 10% de ejecución de inversión en salud durante ese mismo período, habiendo incluso gobiernos regionales con tasas menores al 3%. Para darnos una idea de la magnitud del problema, la suma de todo el presupuesto no ejecutado en el sector entre el 2009 y el 2020 equivale al 30% de la brecha de infraestructura de salud de largo plazo. Con este panorama, cómo puede el ciudadano no sentirse decepcionado.
Sin embargo, esto no es todo. Para entender los magros resultados, uno no puede dejar de mencionar la corrupción, tanto a nivel nacional como subnacional. La corrupción, además, tiene un rostro visible: las obras paralizadas. Según una investigación de Ojo Público, existen 14 hospitales en diversas regiones paralizados por presuntos actos de corrupción y en los que se ha gastado ya S/1.900 millones. Hospitales que hoy, en medio de la pandemia, los necesitamos más que nunca. Este es el caso del sector salud, golpeado particularmente por la crisis sanitaria actual. No obstante, esta situación es semejante en el resto de sectores.
Si los candidatos realmente desean aumentar el bienestar de los peruanos más pobres, deben definitivamente enfocar mucho de sus esfuerzos en construir un Estado más eficiente y sin corrupción, en lugar de desandar aquello en que se ha avanzado. Sin un Estado moderno, que deje de funcionar en muchos casos como un obstáculo para el desarrollo, es poco lo que se podrá progresar en el próximo quinquenio. Por ello, es particularmente importante saber no solo qué planes tienen los candidatos para modernizar al Estado, sino también quiénes los van a acompañar en esta tarea de gobierno en los distintos sectores. La actual coyuntura exige ponerse manos a la obra desde el primer día.
