Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 11 de noviembre del 2026
«La lección trasciende al agro. La misma lógica que permite desconocer una ley vigente podría alcanzar mañana a un convenio de estabilidad, una concesión o una APP».
Cien días no alcanzan para juzgar un gobierno, pero sí para leer sus señales: cómo decide, a quién escucha y en qué gasta su capital político.
Lo bueno. El Ejecutivo se tomó en serio El Niño y llegó a tiempo a la línea de partida, algo que no hicieron sus antecesores. En seguridad hay, por fin, un mando unificado. Y la decisión de terminar obras paralizadas antes que inaugurar maquetas revela sensatez en la presidenta.
Lo malo. El capital político se gastó rápido. El Gobierno apostó todo a las facultades, recibió menos de la mitad y aún no las convierte en decretos. Quien le exige urgencia al Congreso debe demostrarla primero. Y entre el alza de la remuneración mínima y las reformas estructurales, prefirió el aplauso.
Lo feo. Desde el entorno del MEF se ha deslizado la posibilidad de eliminar el régimen de promoción agraria antes de su vencimiento en 2035. Cuando el Estado legisla con un plazo determinado, no solo fija una tasa: asume un compromiso. El plazo es la garantía que permite al inversionista medir el riesgo y comprometer capital en proyectos que tardan años en madurar. Alterarlo a mitad del camino convierte la ley en una promesa revocable, y una promesa revocable deteriora la credibilidad del Estado y ahuyenta la inversión.
Ese es el núcleo del Estado de derecho: reglas previsibles, que obligan también a quien las dicta. Un país gana credibilidad cuando sus leyes sobreviven a los cambios de gobierno y de humor político, no cuando cada gestión reabre lo que la anterior decidió. Más aún si la norma nació de la iniciativa de quien hoy gobierna.
La lección trasciende al agro. La misma lógica que permite desconocer una ley vigente podría alcanzar mañana a un convenio de estabilidad, una concesión o una APP. La seguridad jurídica no se divide por sectores. Los incentivos pueden y deben evaluarse, con evidencia a su vencimiento. La gobernanza exige respetar los plazos que el propio Estado se impuso. La presidenta tiene la oportunidad de despejar la duda: un gobierno que llegó prometiendo orden debe empezar por honrar el orden jurídico que él mismo ayudó a construir.
