Natale Amprimo
El Comercio, 15 de enero del 2024
“Ataques como los de Pataz se vienen presentando de un tiempo a esta parte de forma recurrente”.
La noticia con la que esta semana ha empezado es terrible y, como debe ocurrir con los de mi generación y los mayores a nosotros, me retrotrae a mi juventud: la voladura de una torre de alta tensión y el atentado contra la vida de humildes trabajadores. Lo del pasado domingo 12 tiene que ser un quiebre.
Un grave atentado, como el que se ha dado en la sierra de La Libertad, en la provincia de Pataz concretamente, no puede pasar por agua tibia y debe merecer una reacción inmediata y enérgica por parte del Gobierno y de todos en general. No estamos frente a abigeos o mineros informales, son terroristas.
El atentado contra la torre de alta tensión que el año pasado fue instalada por Compañía Minera Poderosa S.A. perjudica no solo a esta última, sino además a varios de los distritos y anexos aledaños de la misma provincia, que también se beneficiaban del fluido eléctrico. Y para tomar conciencia de la insania de los delincuentes hay que mencionar que, además de la voladura de la torre de alta tensión, dinamitaron parte del socavón a efectos de atentar adicionalmente contra la vida de los trabajadores que estaban dentro de la mina –17 en total–, quienes han quedado atrapados entre rocas y tierra.
Ataques como los de Pataz, contra la vida y la propiedad pública y privada, se vienen presentando de un tiempo a esta parte de forma recurrente y quizás por no ocurrir en una de las ciudades principales del país no están siendo aquilatados por la mayoría de los peruanos.
Recordemos que para muchos compatriotas recién se generó una real conciencia de la gravedad de Sendero Luminoso cuando los atentados comenzaron a dejar centros urbanos sin suministro eléctrico y las explosiones de las bombas se lograban ya escuchar; o cuando los cerros que circundan nuestras ciudades aparecían iluminados con la hoz y el martillo. La cereza de este coctel macabro fue la explosión de un carro-bomba en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores de nuestra capital, y los asesinatos incluso contra ministros de Estado.
En ese sentido, lo de Pataz debe motivar un llamado a la unidad y al rechazo de acciones violentas, amén de un accionar firme y eficaz del Gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tienen que llevar a los responsables a la cárcel.
Si no hay actos concretos por parte de las autoridades en ese sentido y los partidos que tienen representación parlamentaria continúan en esta suerte de siesta política en la que se encuentran, ya no estaremos conviviendo solo con la inseguridad ciudadana que padecemos sin solución a la vista, sino que ahora enfrentaremos una violencia más salvaje que atenta contra la institucionalidad y las bases mismas de un Estado de derecho.
Tengamos presente que estamos ad portas de un proceso electoral general y total para elegir, entre otros, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y presidente de la República, como ocurrió en 1980, cuando se recuperó la democracia tras 12 años de dictadura militar y empezó el terrorismo.
Si no se pone coto de raíz a estas acciones de violencia y terror, preparémonos para un proceso electoral convulso y sin garantías, en el que habrá políticos ganadores en ese río revuelto, pero también un gran perdedor: el Perú.
