Ian Vásquez
El Comercio, 3 de noviembre del 2026
“Uno de los problemas con el corporativismo de Estado es que las decisiones de las empresas se empiezan a hacer con criterios políticos y no económicos”.
Ya sabemos que el presidente Trump no cree en el libre comercio y es partidario de los programas masivos del Estado benefactor que están disparando el gasto público en Estados Unidos. Eso no lo distingue de otros políticos estadounidenses, ya sean del pasado o presente.
Desde que empezó su mandato actual, sin embargo, Trump ha desviado a Estados Unidos del libre mercado de una manera que no tiene precedentes en la historia del país. A partir de mediados del año pasado, el gobierno federal ha logrado ser, o ha anunciado que será, accionista en 40 empresas privadas.
Las nacionalizaciones parciales se están haciendo de manera directa y con el propósito de que sean permanentes. Abarcan una amplia gama de industrias: energía nuclear, minerales, acero e informática cuántica, entre otras. Muchas de estas operaciones han pasado desapercibidas. En muchos casos, el gobierno no provee mucha información y, en todos los casos, no aclara de manera detallada la autoridad legal que justifique sus acciones.
Mi colega Scott Lincicome y su equipo de investigadores están documentando el alcance de estas políticas socialistas o, mejor dicho, de este creciente corporativismo de Estado. En las raras veces en el pasado en las que el gobierno federal se volvió accionista de alguna empresa privada fue durante una emergencia (crisis financieras o guerras, por ejemplo) y de modo temporal. El criterio era claro y los objetivos, así como el plan de retirarse de esa actividad, también. Bajo Trump, el corporativismo estatal se ha extendido sin que haya una crisis.
Esta vez se ha aplicado esta política a la fuerza. En el pasado solía ser el caso que, cuando hubo política industrial de este estilo, era voluntario por parte de las empresas involucrarse o no. Reporta Lincicome que ahora el gobierno federal se ha apoderado de acciones de las empresas luego de que amenazó retener subsidios ya aprobados, no otorgar permisos necesarios, y prohibir la exportación de bienes a China a menos de que el gobierno reciba una parte de esos ingresos, como fue el caso con Nvidia.
Cuando U.S. Steel quería venderse a una empresa extranjera, Trump lo prohibió hasta que el gobierno recibiera una acción de oro que le otorga derechos especiales de veto sobre determinadas decisiones de la empresa. De hecho, Trump ya ha revertido decisiones importantes de la empresa, como el cierre de una planta que no es económicamente viable.
Uno de los problemas con el corporativismo de Estado es que las decisiones de las empresas se empiezan a hacer con criterios políticos y no económicos. Politiza también la asignación de los recursos, pues el capital termina fluyendo a las empresas que tienen participación del Estado a costa de otras empresas que pueden ser más productivas.
Los incentivos son perversos por el lado del Estado también. Cuando a la empresa no le va bien, los políticos difícilmente dejarán de apoyar su proyecto. Al contrario, el Estado reforzará su amparo. Esto es conocido por los inversionistas, quienes seguirán lucrando de tal apoyo a empresas que no superan la prueba del mercado.
Dice Lincicome que, respecto al corporativismo estatal de Trump, nadie “puede señalar ni una sola ley estadounidense que autorice expresamente al Poder Ejecutivo a hacer nada de esto”. El gobierno ha llegado a justificarse, declarando que el Congreso no ha prohibido sus acciones. Pero parece olvidarse que la Constitución estadounidense limita el poder del Ejecutivo. El presidente no puede simplemente hacer lo que le da la gana.
Desafortunadamente, Trump está dando un regalo a los futuros gobernantes, que incluirán a los demócratas, quienes usarán estos precedentes para promover su propia agenda de manera inconstitucional. Así se seguirá alejando a Estados Unidos del modelo económico que ha producido tanta prosperidad.
