Por: María Cecilia Villegas
El Comercio, 28 de febrero del 2022
“Pedro Castillo es el responsable de todas y cada una de las crisis que hemos venido enfrentando en estos siete meses”.
Hace siete meses que el país está a la deriva, sin Gobierno y con una banda que llegó a Palacio por sorpresa. No esperaban ganar la presidencia, solo querían obtener una bancada para poder posicionarse a nivel nacional mientras esperaban que Vladimir Cerrón resolviera los problemas que le impedían ser candidato presidencial. Pero, una vez instalados en Palacio de Gobierno, comenzó sin reparo alguno el reparto del botín.
Cerrón, previamente a la elección, había logrado infiltrase en distintos partidos políticos. La idea era poder operar desde distintos frentes dentro del Legislativo. Logró también infiltrarse en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ese que lo libera de responsabilidad penal abriéndole la cancha.
La debilidad institucional y la falta de democracia funcional que enfrenta el Perú hace que los ciudadanos no tengamos quien vele por nuestros intereses. Estamos solos frente a un Estado plagado de corrupción. Solos frente a la incapacidad del Poder Judicial para hacer justicia y, con ello, ponerle un freno a la corrupción y defender los derechos y las libertades de los peruanos. En lugar de mejorar, el Perú está en manos de organizaciones criminales que capturan a los partidos políticos y las pocas instituciones que existen, para imponer la ilegalidad y enriquecerse a costa de todos los peruanos, pero sobre todo de los más pobres.
Pedro Castillo es el responsable de todas y cada una de las crisis que hemos venido enfrentando en estos siete meses. El solo hecho de nombrar a ministros con prontuario es una afrenta al Estado de derecho y una demostración de que no hay una democracia funcional en el Perú. Y cómo habría de funcionar si el Poder Legislativo, el llamado a controlar al Ejecutivo, es incapaz de hacerlo. Y lo es porque, por un lado, los propios intereses de los congresistas de mantener su curul les impide ejercer su rol de fiscalizadores de un Gobierno que los amenaza con hacer cuestión de confianza cada semana y, por el otro, porque como hemos descubierto, gracias a la colaboración de la infame Karelim López, Castillo, Cerrón y su banda tenían infiltrados en diversas bancadas.
La angurria y la torpeza del inquilino de Palacio hizo que muy pronto se descubriera el tipo de personajes que lo rodeaban y los negociados que comenzaban a ocurrir, primero desde la casa de Sarratea, e inmediatamente después desde las mismas oficinas de la PCM, el Minem, el Ministerio de Transportes, el de Vivienda y hasta Petro-Perú. El botín era muy grande y no había tiempo que perder.
Hoy estamos enfrentando la mayor crisis de este Gobierno. Y es el Congreso el llamado a restituir el valor de la ley. Lo es, porque la Constitución Política le ha dado las herramientas para hacerlo. ¿Pero cómo logrará el Congreso enfrentar y resolver la crisis si la corrupción lo alcanza y el crimen organizado se pasea por sus pasillos?
La corrupción en el Perú es endémica y está generalizada. Difícilmente encontraremos una institución a la que la corrupción no alcance. Y, en este contexto, el país entra al último mes del primer trimestre del 2022. Sin partidos políticos y sin líderes que logren poner al Perú por encima de sus propios intereses y enrumbar al país. ¿Cuánto más fondo debemos de tocar para decir basta ya?
El camino para encauzar al Perú, por lo menos hacia el orden y una democracia real, será largo. Lamentablemente, detuvimos las reformas iniciadas en los 90. Y elección tras elección, hemos venido sosteniendo que elegíamos al “mal menor”, líderes populistas que desde el Ejecutivo o el Congreso han respondido a intereses particulares y no han tenido la visión de construir una nación. Los líderes empresariales reaccionaron siempre tarde y luego se acomodaron al poder turno. Ojalá que la crisis generada por el Gobierno de Pedro Castillo genere líderes: conscientes y comprometidos con el Perú. Es momento de jugárnosla por el país.
