Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 8 de Junio del 2023
“El Perú, el gobierno de Dina Boluarte y los sucesivos gobiernos que han de venir, deben trazar acciones de acuerdo con esa sucesión de metas y tareas que, si bien recaen en el ámbito de los actores públicos, requieren de un ‘partnership’ potente con el sector privado”.
El Perú ratificó ayer su voluntad de continuar el proceso para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La entrega de un memorándum expresando tal interés fue calificado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, como un hecho histórico para la gobernabilidad peruana, dado que nuestro país se encauzará en una serie de esfuerzos institucionales que demandarán decisiones a nivel de gobierno que –siendo optimistas– le permitirán al país definir un rumbo de futuro más claro, pese a todo.
En concreto, ¿cómo podría beneficiar a la gente de a pie el ingreso a ese club de campeones de la prosperidad? Si miramos a los países latinoamericanos que lograron su admisión –Chile, Costa Rica, Colombia y México– se constata que esas naciones se caracterizan por una institucionalidad –un mix de reglas, consensos e instrumentos– moderna, que echa mano de la innovación digital para mejorar la vida de los ciudadanos, siendo ellos el centro de cualquier tipo de política pública. Incluyendo las de carácter económico, obviamente.
De ahí que, entre las acciones que el país debe empezar a desplegar pronto, se encuentren las de digitalización, gobernabilidad, crecimiento inclusivo, comercio exterior abierto, entre otras. Hay que destacar que, para todo efecto práctico, haber ratificado la voluntad de ser parte de la OCDE, con todos los ajustes que ello implique, nos da cierta certeza que definitivamente es del agrado de ‘tirios y troyanos’.
¿Y cómo se concreta el logro de tremendo reto? Tal y como se suele hacer en cualquier tipo de proyecto de alta envergadura, la palabra clave aquí es “hoja de ruta”. Esto quiere decir que el Perú, el gobierno de Dina Boluarte y los sucesivos gobiernos que han de venir, deben trazar acciones de acuerdo con esa sucesión de metas y tareas que, si bien recaen en el ámbito de los actores públicos, requieren de un ‘partnership’ potente con el sector privado.
En promedio, los países latinoamericanos que lograron esta meta lo hicieron en un lapso de entre tres y siete años. En ese tiempo, lo que la OCDE le solicita al equipo aspirante es que muestre su estrategia desplegada en hitos temporales, una hoja de ruta para consolidar su pase. El proceso de adhesión supone una reingeniería profunda que, si bien no garantiza nuestro ingreso al club, sí puede ayudarnos fuertemente a volver a poner la mira en lo realmente importante.
Y es que ingresar al club de la prosperidad supone también suscribir ciertas premisas. Por ejemplo, los países seleccionados hablan de un “crecimiento compartido” que supone armonizar el aporte y los roles entre el sector público y el privado. Eso implica reconocer que le corresponde al Estado un rol promotor –tipo un “inversionista ángel”–, mientras que al privado le correspondería uno de emprendedor.
Cabe aquí preguntarse quién y cómo se gestionará la mencionada hoja de ruta. Todo parece indicar que nuestro reingreso al cauce de la OCDE va a requerir de un ‘campeón’ que pueda coordinar eficientemente entre el sector público –que se ha mantenido ralentizado– y el privado –que ha venido avanzando–, poniendo el énfasis en lograr más acciones efectivas usando más digitalización, por ejemplo.
Tal vez por ello ese ‘champion’ debería ser también una entidad del sector privado que aglutine a emprendedores –individuales o colectivos– y cuente con un claro norte apuntando hacia el futuro.
