Luis Miguel Iglesias León
Caretas
29 de Octubre, 2026
Glosado por Lampadia
Durante décadas se ha repetido una peligrosa falacia en el debate público: la creencia de que el colapso del sistema de justicia en el Perú se solucionará únicamente incrementando las partidas presupuestales, erigiendo megaproyectos de infraestructura o exigiendo el nombramiento masivo de nuevos jueces sin el menor sustento técnico.
Sin embargo, la experiencia demuestra que la multiplicación de juzgados y la creación desordenada de distritos judiciales solo han servido para agigantar el aparato burocrático.
La famosa y nunca acabada «carga procesal» se ha convertido en el pretexto más cómodo para justificar la ineficiencia diaria.
Es momento de deslindar roles con absoluta claridad.
Los jueces han sido formados para dirigir procesos, tutelar derechos y dictar sentencias con solvencia legal y constitucional; no para diseñar la arquitectura estratégica o administrativa de una entidad pública de tal complejidad.
La planificación del sistema de justicia no es ni puede ser una tarea exclusivamente jurídica, sino que requiere indispensablemente del concurso multidisciplinario: estadísticos, ingenieros de procesos, administradores y economistas, entre otros.
Pretender que la gestión judicial sea conducida únicamente bajo la lógica procesal equivale a pedirle a un eminente cirujano que proyecte la ingeniería y construcción de un hospital.
Como bien recordaba el célebre jurista procesalista italiano Piero Calamandrei, la efectividad del Derecho no reside en la solemnidad de las formas ni en el lujo de los tribunales, sino en la capacidad del sistema para ofrecer soluciones humanas, céleres y oportunas a quienes buscan protección legal.
Si el Perú aspira verdaderamente al desarrollo y a la seguridad jurídica, necesita una administración de justicia radicalmente distinta a la actual, sin asignaciones presupuestales millonarias que terminen diluyéndose en el gasto corriente de la institución.
Creo que nuestra justicia del siglo XXI debe proyectar un cambio de visión y erigirse sobre tres pilares fundamentales:
- Administrar el despacho como un servicio de calidad, dejando de lado la cultura arraigada de reprogramar audiencias sistemáticamente. El despacho judicial debe gerenciarse con estándares de excelencia y una simplificación efectiva, entendiendo que el tiempo del ciudadano y del proceso debe respetarse de forma irrestricta, pues una justicia tardía deja de ser justicia.
- Dotar a la gestión de una verdadera ingeniería de procesos para modernizar el trámite del expediente,superando de una vez la «digitalización nominal» —esa ilusión burocrática que confunde la verdadera transformación digital con el simple escaneo de folios—, implementando herramientas operativas reales, tales como la automatización inteligente, la interoperabilidad efectiva entre entidades del sistema y el uso de inteligencia de datos para optimizar los flujos de trabajo diario.
- Reestructurar el control disciplinario desde la propia institución. ¿Ha cumplido la Autoridad Nacional de Control (ANC) los fines para los que reemplazó a la antigua OCMA? La respuesta del foro jurídico y la ciudadanía es categórica: no. La creación de un órgano externo ha burocratizado la fiscalización, debilitado la independencia judicial y alejado el control de la realidad de los despachos. La solución no es someter al Poder Judicial a tutelas externas, sino fortalecer un órgano de control interno altamente especializado, con independencia funcional, rigor técnico y capacidad sancionadora inmediata, que combata la impunidad frente a las demoras injustificadas y la mala praxis, sin vulnerar la independencia judicial.
Finalmente, este es un reto de gestión y no de gasto. Sin falsas promesas ni soluciones paliativas, el desafío del sistema de justicia no es gastar más, sino gestionar mejor. La reforma estructural de la justicia no vendrá de una nueva ley procesal ni de un código redactado entre comisiones, sino de una auténtica visión de Estado que combine el rigor del Derecho y la naturaleza autárquica del juez con la disciplina de la gestión pública moderna. Atención ahí, respetados señores candidatos a la presidencia de la Corte Suprema.
Lampadia
