Sergio Espinosa
Gestión, 30 de octubre del 2026
Hoy en día enfrentar eficazmente el lavado de activos exige reglas claras, herramientas tecnológicas y fortalecer la cooperación público – privada.
Hace apenas cinco años, pagar un almuerzo, el taxi o comprar en la bodega con el celular era poco frecuente. Hoy es parte de la rutina. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el número promedio de pagos digitales por adulto alcanzó en el 2025 los 655, lo que implica un crecimiento de 45.8% respecto al 2024 y de 1,230% respecto al 2019. La irrupción y avance de las billeteras digitales han sido el principal motor de este cambio.
Es una buena noticia: cada vez más personas acceden a servicios financieros para transacciones cotidianas, y a diferencia del uso del efectivo, cada pago digital deja un registro que permite a las autoridades, entre ellas, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, seguir el rastro del dinero cuando proviene de actividades ilícitas. No obstante, como toda innovación, genera desafíos operativos y de seguridad para las entidades públicas y privadas que integran el sistema nacional contra el lavado de activos.
Estos desafíos se intensifican con el uso de otra innovación como los activos virtuales. Estos activos pueden cruzar fronteras en instantes y, aunque sus transacciones se registran, identificar a las personas detrás de cada operación resulta mucho más difícil que en el sistema financiero. A nivel global, la firma Chainalysis estima que el lavado de activos mediante criptoactivos pasó de US$ 10,000 millones en el 2020 a más de US$ 82,000 millones en el 2025.
Frente a este escenario, frenar la innovación no es la respuesta. Lo que corresponde es fortalecer nuestra capacidad para detectar el ingreso de flujos financieros ilícitos en estos nuevos ecosistemas, lo que descansa en tres pilares clave.
El primero son reglas claras. Por ejemplo, desde el 2023, los proveedores de servicios de activos virtuales son sujetos obligados y deben implementar un sistema de prevención que comprende, entre otros aspectos, el deber de reportar operaciones sospechosas a la UIF cuando corresponda.
El segundo es el uso de la tecnología y del análisis de información por parte de las autoridades y sujetos obligados. Ante millones de transacciones diarias, la revisión manual es insuficiente. La inteligencia artificial y la analítica de datos, combinadas con el criterio de expertos técnicos, permiten identificar patrones inusuales, conectar operaciones aparentemente aisladas y priorizar los casos de mayor riesgo.
El tercero es la cooperación público–privada. Una operación puede comenzar en una billetera digital en Perú, pasar por una plataforma de activos virtuales ubicada en otro país y terminar en una cuenta alojada en un tercer país, todo en cuestión de minutos. Por eso la coordinación entre la UIF, el Ministerio Público, la Policía Nacional, los organismos supervisores, las autoridades competentes extranjeras y el sector privado es fundamental. Cuando la información llega a tiempo a quien la necesita, el rastro no se pierde.
Frente a estos desafíos, generar conocimiento y conciencia sobre la prevención del lavado de activos es tan importante como contar con reglas, tecnología y cooperación. Con ese objetivo, la SBS realiza hasta hoy la VII edición de la Semana de Prevención del Lavado de Activos, que permitirá a la ciudadanía comprender la dinámica que emplean las principales economías ilegales como la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, la trata de personas; contar con herramientas para tomar decisiones informadas y evitar involucrarse por desconocimiento en esquemas delictivos; así como, conocer las estrategias y buenas prácticas que vienen adoptando las autoridades y representantes del sector privado para enfrentarlas.
