Entrevista a Julia Torreblanca
Expreso, 30 de julio del 2026
Cristina Luna Del Pozo
Aunque esperaba una mayor referencia al aporte de la minería durante el mensaje presidencial, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), considera que el Gobierno sí puso sobre la mesa temas determinantes para recuperar la inversión: el combate a la minería ilegal, el respeto al Estado de derecho, la simplificación de los permisos y el trabajo con los gobiernos locales.
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó también que el mensaje de Keiko Fujimori abordó lo urgente.
Después del mensaje presidencial, muchos esperaban una mayor referencia al sector minero. ¿Sintió que fue un gran ausente?
Definitivamente, hubiéramos querido que se resaltara con mayor amplitud la contribución de la minería al desarrollo del país. Sin embargo, creemos que el mensaje abordó los temas que hoy resultan más urgentes para el sector. Valoramos especialmente el compromiso de combatir la minería ilegal, porque es un problema que afecta no solo a la industria, sino a todos los peruanos.
También consideramos positivo que se haya reafirmado el respeto al Estado de derecho y a la estabilidad jurídica, condiciones indispensables para atraer inversión. Asimismo, la referencia a la simplificación y reducción de permisos recoge una demanda que no es exclusiva de la minería, sino de todas las actividades productivas que enfrentan procesos administrativos largos y complejos.
Julia Torreblanca, ¿por qué la simplificación de permisos se ha convertido en una de las principales demandas del sector?
Porque hoy un proyecto minero debe pasar por numerosas entidades que evalúan, de manera independiente, aspectos ambientales, hídricos, arqueológicos, forestales, de acceso a tierras y otros procedimientos que muchas veces no están articulados.
En la práctica, el Estado divide un mismo proyecto en múltiples expedientes, solicita reiteradamente información que ya posee y obliga a que muchos trámites se desarrollen de forma sucesiva cuando podrían realizarse en paralelo. Eso termina retrasando las inversiones, incrementando los costos y generando incertidumbre. Lo que necesitamos es que el Estado funcione de manera integrada, con una ventanilla única interoperable, procedimientos simplificados, intercambio de información entre entidades y plazos predecibles que permitan agilizar el desarrollo de los proyectos sin reducir los estándares ambientales ni los mecanismos de control.
El nuevo ministro de Energía y Minas tendrá que enfrentar el vencimiento del Reinfo. ¿Los tiempos alcanzan para cerrar este proceso antes de diciembre?
Sí. Consideramos que los tiempos permiten cerrar esta etapa y que el Reinfo no debe volver a prorrogarse. Este mecanismo dejó de cumplir el objetivo para el que fue creado y terminó convirtiéndose en un escudo para quienes operan al margen de la ley.
Lo que corresponde ahora es establecer un nuevo régimen para la pequeña minería y la minería artesanal que diferencie claramente a quienes realmente buscan formalizarse de quienes utilizan ese proceso para encubrir actividades ilegales. La propuesta de Ley MAPE constituye una base importante porque incorpora avances en aspectos como la trazabilidad y puede servir para construir un nuevo sistema de formalización bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas.
Julia Torreblanca, ¿qué condiciones debería cumplir ese nuevo modelo de formalización?
El apoyo del Estado debe dirigirse únicamente a quienes acrediten el cumplimiento de la normativa ambiental, garanticen la seguridad de sus trabajadores y demuestren el origen lícito y la trazabilidad de su producción, así como de los insumos químicos, explosivos y combustibles que utilizan.
Al mismo tiempo, debe fortalecerse el control de toda la cadena del mineral, desde la extracción hasta la comercialización y la exportación, mediante entidades nacionales como el Ingemmet, el OEFA y la Sunafil, que cuentan con capacidades técnicas y presupuesto para supervisar en todo el país. Para que este esfuerzo tenga resultados, se requiere una decisión política firme de enfrentar la minería ilegal de manera frontal. Por ello, saludamos que la presidenta haya incorporado este tema entre las prioridades de su gobierno.
Más allá de la lucha contra la minería ilegal, ¿cuáles deberían ser las prioridades del ministro de Energía y Minas durante sus primeros 100 días?
Lo primero es avanzar en la simplificación administrativa que hemos mencionado, porque sin ella será muy difícil acelerar las inversiones. También debe sentar las bases para desarrollar la infraestructura que necesita el país, promoviendo corredores económicos que conecten las zonas productivas con las ciudades, los puertos y los mercados. Esa infraestructura permitirá ampliar la participación de proveedores nacionales y locales, así como integrar a las micro y pequeñas empresas a la cadena de valor minera.
Paralelamente, es indispensable reactivar el sector hidrocarburos. Hoy el Perú produce apenas alrededor de la mitad de los hidrocarburos que consume y, en el caso de los combustibles distintos al gas natural, solo cubre aproximadamente un tercio de la demanda. Tenemos un enorme potencial que todavía no aprovechamos y es necesario generar condiciones para atraer nuevas inversiones.
¿Qué medidas concretas podrían ponerse en marcha en el corto plazo para recuperar esas inversiones?
Para acelerar las inversiones que se pueden dar en el sector de hidrocarburos es necesario actualizar el marco regulatorio y mejorar los mecanismos de consulta previa. Se puede actualizar el reglamento de calificación de interesados para dar mayor predictibilidad a los procesos de evaluación y modificar el reglamento de regalías, incorporando criterios objetivos vinculados a los precios internacionales, la productividad de los yacimientos y la ubicación geográfica.
También resulta clave ampliar los contratos petroleros y trabajar de manera articulada en el desarrollo de polos energéticos en el norte y sur del país. A ello se suma la necesidad de implementar mecanismos como el silencio administrativo positivo en determinados procedimientos y agilizar la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Estas medidas deberían integrarse en un paquete de simplificación regulatoria que elimine barreras burocráticas, otorgue reglas claras y plazos previsibles para la ejecución de los proyectos.
Prepararse desde ahora
Ante la proximidad del fenómeno El Niño, Julia Torreblanca afirmó que la prevención debe ser una prioridad del Ministerio de Energía y Minas durante sus primeros 100 días de gestión.
Señaló que las empresas asociadas a la SNMPE ya ejecutan acciones preventivas y trabajan de manera coordinada con autoridades regionales y municipales para identificar zonas vulnerables y reducir riesgos.
