Ismael Benavides
Expreso, 18 de setiembre del 2026
La izquierda actual en el Perú dista de aquella izquierda de Alfonso Barrantes, Carlos Malpica, incluso Jorge del Prado y hasta Rolando Breña Pantoja, con los que no coincidíamos, pero cuyo nivel intelectual y de convicción eran transparentes y plenamente identificables. Hoy la izquierda se ha convertido en una mazamorra ideológica con el solo propósito de tomar el estado por asalto y lucrar de él. Su representación en el Congreso, con solitarias excepciones, está llena de mocha sueldos, pegalones, traficantes de influencia y aliados de la minería ilegal, el narcotráfico y la criminalidad. Lo vivimos desde el Gobierno de Humala con sus congresistas cocaleras, e hizo crisis en el Gobierno de Castillo, 79 ministros en 16 meses, muchos con antecedentes penales, uno fugado, corrupción familiar en Palacio y un congresista preso por terrorismo, vinculado al narcotráfico. Es esa a la izquierda que casi vuelve al gobierno este 2026 y hoy pretende sabotear y obstruir al gobierno legalmente elegido de Keiko Fujimori en una clara actuación antipatriótica.
Ni bien inicia su gestión el gobierno enfrenta una oposición intensa de la izquierda, y la fiscalización legítima al Ejecutivo se ha convertido en obstruccionismo sin razones proporcionales ni alternativa viables, y pretende impedir que el gobierno ejerza las competencias necesarias para cumplir su mandato. En menos de un mes con argumentos deleznables, 3 interpelaciones planteadas a ministros que recién calientan el asiento, y constantes citaciones a ministros que necesitan gestionar sus sectores tan deteriorados por los últimos gobiernos de izquierda, lo que ya huele a sabotaje. Senadores ignorantes le regatean la confirmación a Julio Velarde, sabiendo que su sola presencia le garantiza prestigio y estabilidad al Perú y argumentan en contra del viaje a la ONU de la presidenta que va a representar al Perú decorosamente, para recuperar nuestra imagen frente a los papelones de los últimos presidentes incluyendo Castillo y el consabido pollo muerto.
Ahora la principal disputa es por las facultades legislativas solicitadas por el ejecutivo el 28 de agosto, la mayoría de ellas con temas críticos para la gobernabilidad. Con inusitada celeridad, en menos de 15 días, 8 comisiones han rechazado la solicitud con argumentos totalmente endebles y sólo dos las han aprobado, y la comisión más importante, la de Constitución, la ha pateado hasta el 28 de septiembre, inaudito. Cuando el rechazo se convierte en una negativa general, sin distinguir entre lo razonable y lo indispensable, la labor fiscalizadora del Congreso empieza a perder su justificación y pasa a ser obstrucción.
Desde la recuperación de la democracia en 1980 los sucesivos gobiernos han pedido facultades legislativas, al inicio o en algún momento de su gestión, incluso los gobiernos de PPK y Vizcarra con el apoyo del Fujimorismo. La Cámara de Diputados que hoy tenemos, controlada por el conglomerado variopinto de izquierda, está demostrando una clara vocación obstruccionista, rechaza sistemáticamente cualquier opción sobre las facultades, dilata las decisiones sin justificación y convierte la iniciativa del Gobierno en una batalla destinada a impedir su ejecución.
El Perú tiene una oportunidad de oro para retomar la senda del crecimiento, la generación de empleo y la reducción de pobreza. A pesar del Niño, la criminalidad, y el estado degradado, tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos, una población joven ávida de progreso y volvemos a ser políticamente respetables en la comunidad internacional con una presidenta elegida por 5 años, que empieza su mandato con 60% de aceptación.
El indicador del espíritu del Congreso será la aprobación o no de las facultades. Si las rechazan privan al Ejecutivo de las herramientas necesarias para cumplir su mandato, y pasa de ser fiscalizador a obstruccionista y recibirá el oprobio del pueblo peruano. Fiscalizar es poner límites al poder, obstruir es intentar que el poder no pueda actuar. Confundir ambas cosas sería un presagio de lo que puede ser un congreso cuya meta no es el progreso del Perú, sino torpedear la acción del Gobierno en los próximos 5 años con el enorme costo social y económico para el país.
