La trama del caso López Meneses avanza y, ante la ausencia de información oficial, surgen las chifladas exigencias y explicaciones de ambos lados. Gracias a lo más rancio del oficialismo y de la oposición, asistimos a una puesta en escena donde la primera perdedora es nuestra –aunque precaria– democracia.
Hasta el momento, las oscuras aguas del caso López Meneses no han llegado a las orillas de Palacio. Y si bien es cierto que un documento vincula al mandatario con el pedido original, es finalmente –como hemos demostrado– la versión de un coronel sosteniendo haber recibido órdenes orales de un tercero. ¿Teléfono malogrado? Puede ser. Empero, y por la gravedad del hecho, debemos ser prudentes y rigurosos cuando de incluir la figura presidencial se trata.
Por ello, creemos que la solicitud del presidente del PPC, Raúl Castro, es una imprudencia que debe rectificarse cuanto antes. No sólo eso, los demás partidos políticos deben cohesionarse detrás de nuestra democracia. Es el deber de la clase política y de las instituciones que la resguardan –como la prensa– hacer todo lo necesario para llegar a la verdad; mientras tanto, no pueden tampoco jugar con quienes desean la implosión de nuestro sistema. El Perú no se merece menos.
De igual forma, el oficialismo y sus aliados deben dejar de crear infantiles cortinas de humo para salirse del paso. Alguien ordenó la vigilancia de dicho recinto por más de 18 meses, y ese no fue ni el fujimorismo, ni el aprismo, ni la prensa independiente. Tuvo que ser, necesariamente, alguien de este gobierno con el poder suficiente para movilizar múltiples instituciones.
Entonces, esgrimir que todo esto es un complot de grupos golpistas, o una treta elaborada por algún convicto, sólo desnuda la ausencia de explicaciones verosímiles. Aludir al pasado no borra lo que ha ocurrido en este caso; peor aún, acentúa la sensación que todo está podrido.
Seguiremos esperando e investigando mientras escuchamos estas “ideotas”.
Publicado en Perú 21, 18 de noviembre de 2013
