Gonzalo Delacámara
Gestión, 4 de setiembre del 2026
“Reconstruir una carretera o un puente no equivale a ampliar la capacidad productiva. El Niño acelera una suerte de depreciación climática del capital. En un país con inversión insuficiente, cada recurso destinado a recuperar lo perdido es uno que no se utiliza para generar nueva conectividad, capacidad digital o educación”. Escribe Gonzalo Delacámara, profesor Adjunto en IE University.
El fenómeno climático de El Niño no crea las fragilidades económicas de América Latina: las desnuda y les asigna un precio. En el Perú, una carretera que desaparece bajo un huaico —como la Costanera Sur entre Ilo y Tacna— parece un episodio aislado. Económicamente, forma parte de una misma historia: menos producción, más inflación, presión fiscal y capital que deja de rendir.
El costo decisivo de el fenómeno de El Niño no está sólo en lo que destruye, sino en lo que interrumpe: jornadas no trabajadas, mercancías no distribuidas, inversiones aplazadas y recursos destinados a reconstruir lo ya construido, en una rima perversa del mito de Sísifo.
Perú permite medir la magnitud del problema. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional publicado en 2025, los episodios fuertes o muy fuertes de El Niño Costero reducen, en promedio, su producción pesquera en torno a 70% y la agrícola en cerca de 11% durante el primer año posterior al inicio del episodio, frente al nivel esperable en ausencia del fenómeno. La inflación puede aumentar varios puntos y las cuentas públicas pueden deteriorarse: cae la recaudación mientras crecen el gasto de emergencia y la reconstrucción. El shock opera así en tres frentes simultáneos —actividad, precios y presupuesto— y erosiona el margen de maniobra del Estado justo cuando más lo necesita.
Hay, además, una dimensión distributiva que suele obviarse. La inflación climática se parece a un impuesto sin ley ni parlamento, pero con una incidencia inequívocamente regresiva. Los hogares con menores ingresos dedican una proporción mayor de su renta a alimentos, transporte y energía, precisamente los componentes más expuestos a disrupciones de la oferta. El Niño puede comenzar como una anomalía térmica en el Pacífico y terminar meses después en el precio de bienes y servicios esenciales.
Los efectos no se limitan al Perú. En Colombia, por ejemplo, el fenómeno de El Niño puede reducir las precipitaciones y elevar las temperaturas, afectando también al sistema eléctrico, cuya generación depende en 65.5% de la hidroelectricidad. En Chile, las lluvias intensas pueden dañar infraestructura y alterar la continuidad productiva de empresas mineras. Brasil y el Cono Sur muestran que el fenómeno redistribuye el riesgo: más lluvia puede beneficiar algunas cosechas y, en exceso, inundar campos y dañar infraestructura.
El impacto no se limita a la producción. El fenómeno de El Niño también puede elevar los precios de los alimentos sensibles al clima, especialmente los de frutas y verduras. Aunque ello no implica por sí mismo una pérdida significativa de competitividad, una inflación más persistente puede elevar los costes internos y condicionar la política monetaria, amplificando el impacto inicial del shock climático.
El caso chileno importa también por la composición de su economía. El PIB cayó un 0,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, en buena medida por la minería, y el Banco Central proyecta para el año un crecimiento de apenas 1% a 1,75%. Con la minería representando un 13,1% de la economía, una interrupción de los accesos, de la disponibilidad de agua, de la electricidad o de la continuidad productiva puede adquirir rápidamente una dimensión macroeconómica. No hace falta destruir una mina para destruir valor: basta con impedir que produzca durante el tiempo suficiente.
Pero quizá el coste más profundo sea también el menos visible: la productividad perdida por la discontinuidad por factores como la elevada informalidad, las brechas en capital humano, los bajos niveles de innovación y las limitaciones a la competencia. Todos son factores reales. Falta, sin embargo, un elemento clave: ¿cuánto pierde una economía no porque algunas de sus empresas sean ineficientes cuando operan, sino porque lo hacen de forma intermitente?
Para el Perú, el problema central no es solo cuánto produce menos la economía durante un episodio, sino cuánto pierde por la interrupción de su actividad. Una fábrica durante un corte eléctrico, una explotación agrícola aislada por una carretera inundada o un comercio sin mercancía producen menos aunque su tecnología, trabajadores y gestión no hayan cambiado. Parte de la brecha de productividad puede encontrarse, por tanto, fuera de las empresas: en la red eléctrica, el suministro de agua, el drenaje urbano, las carreteras y la capacidad de anticipación del Estado.
A ello se añade una segunda pérdida, más sutil. Reconstruir no equivale a ampliar la capacidad productiva. Una carretera diseñada para durar décadas, pero reparada repetidamente tras inundaciones, tiene una vida económica inferior a su vida útil contable. El Niño acelera así una suerte de depreciación climática del capital. En un país con inversión insuficiente, cada recurso destinado a recuperar lo perdido es uno que no se utiliza para generar nueva conectividad, capacidad digital, educación o nueva infraestructura.
Aquí reside una diferencia fundamental frente a un shock genuinamente imprevisible. El Niño es recurrente y parcialmente previsible: sus episodios ocurren de forma irregular cada dos a siete años y hoy pueden anticiparse, con distintos grados de incertidumbre, con hasta seis meses de antelación. Esa previsibilidad modifica la naturaleza económica del problema. La pregunta ya no puede limitarse a cuánto daño causó el fenómeno; debe incluir qué parte pudo haberse evitado.
La primera inundación en una carretera puede ser una catástrofe. La tercera empieza a parecerse a una decisión de inversión. Si una ciudad se expande sobre áreas inundables o un sistema de agua carece de redundancia, el fenómeno climático acaba convirtiéndose en una auditoría involuntaria e implacable de las decisiones acumuladas durante años.
Por eso, la adaptación climática debe salir del compartimento de la política ambiental. Una represa, un drenaje urbano, una red eléctrica diversificada, una carretera resiliente o un buen sistema de alerta no deberían valorarse solo por los activos físicos que preservan. Su rentabilidad incluye los días de normalidad que garantizan.
La adaptación es, en este sentido, una política de productividad y un factor crítico de competitividad. El Niño obliga a reconsiderar una vieja pregunta: quizá el bajo crecimiento de la región no responda únicamente a una productividad estructuralmente débil. También puede reflejar las pérdidas recurrentes de actividad provocadas por shocks que interrumpen la producción, dañan el capital y obligan a destinar recursos a la reconstrucción.
