Jorge Yzusqui
Perú21, 4 de setiembre del 2026
«La infraestructura educativa exige una gestión técnica, no política, y un esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado».
En el último CADE Educación, Apoyo Consultoría informó que el 30% de las aulas de educación básica regular corre riesgo de colapso y solo el 22% de las escuelas rurales cuentan con servicios básicos.
Asimismo, el IPE estimó en marzo de 2026, con datos del Minedu, que 1.2 millones de estudiantes, aproximadamente uno de cada cinco matriculados en la educación pública, asisten a locales que requieren ser demolidos por su grave riesgo de colapso.
Mientras la infraestructura se deteriora, crece el cementerio de obras inconclusas. Según la Contraloría, las obras paralizadas del sector Educación representaban S/900 millones en 2022. En 2023 ascendieron a S/1,600 millones; en octubre de 2024, a S/2,500 millones; y, a junio de 2026, bordean los S/4,000 millones.
En cuatro años, el monto se multiplicó más de cuatro veces. No es falta de dinero: es incapacidad para formular expedientes, seleccionar contratistas, supervisar, resolver controversia. Es suma, es falta de gestión. Cada obra paralizada representa recursos inmovilizados y miles de estudiantes obligados a estudiar en locales inseguros.
El nuevo gobierno debe asumir esta crisis como una emergencia nacional: identificar e intervenir los locales de mayor riesgo y crear una unidad especializada que destrabe las obras paralizadas. La infraestructura educativa exige una gestión técnica, no política, y un esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado. Para ello, se debe facilitar e impulsar la construcción de escuelas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
Una escuela debe ser el lugar donde un niño construya su futuro, no donde arriesgue su vida.
