Los países que han salido de la pobreza tienen algo en común: continuidad. Salir de la pobreza toma décadas y exige mantener un rumbo económico claro. Si la política no acompaña, imposible avanzar.
En Latinoamérica son comunes las elecciones polarizadas, candidatos que ofrecen cambios radicales de ?modelo? y acusan al gobierno saliente de malos manejos y errores.
No se escapa ni Chile, el país más exitoso de la región. Bachelet está planteando tantos cambios contra el sentido del modelo que permitió prosperar a su país, que la economía se viene enfriando, y posiblemente decaiga en los años siguientes. Como si tratara de corregir el modelo para supuestamente hacerlo más redistributivo, lo que a la larga o a la corta producirá exactamente el efecto contrario, mientras se frena el crecimiento.
En países exitosos, generalmente los electores escogen en función de quién puede ejecutar mejor los planes. No se discute tanto qué hacer, sino cómo, y los planes de los candidatos se parecen mucho, salvo matices menores. Hay consensos que nadie cuestiona mayormente, los problemas nacionales están claramente identificados y sus soluciones acotadas.
Perú, en cambio, es un país que funciona intermitentemente. Los primeros dos años sirven para que el gobierno entrante caliente motores, aprenda en el cargo, y sobre todo gobierne mirando el espejo retrovisor, a ver qué malos manejos descubre en el gobierno saliente, tratando de desprestigiarlo en todo lo que sea posible. Los años tres y cuatro por fin el gobierno empieza a hacer algunas cosas y se atreve a actuar, lo que es resistido por la burocracia, porque los funcionarios tienen estabilidad laboral, trascienden a los gobiernos de turno, y naturalmente se atemorizan al ver la cacería de los primeros dos años del gobierno contra funcionarios como ellos que se atrevieron a tomar decisiones durante el gobierno anterior. El quinto año es electoral, así que sálvese quien pueda, y casi todo se paraliza porque ya viene la siguiente cacería de funcionarios.
¿Tiene posibilidades de salir adelante un país que, digamos, funciona dos años cada cinco años? Imposible.
Este es un tema que Confiep y los gremios debieran encarar. Se necesita crear conciencia en la ciudadanía para que los partidos y movimientos políticos dejen de jugar este juego perverso y se comprometan a gobernar con seriedad, en función a las necesidades nacionales, no a las conveniencias electorales. Estamos a tiempo, y el tema se vuelve de gran actualidad porque en el 2016 habrá elecciones generales, y esta vieja historia de la intermitencia se podría repetir fácilmente.
Ahora, ¿existe alguna forma de continuidad aceptable por todos que pudiera servir como hilo conductor para lograr esta transformación, para abandonar la funesta intermitencia?
Se ha generado un importante consenso en el país respecto a la conveniencia de impulsar asociaciones público privadas (APP), iniciativas privadas (IP) y obras por impuestos (OxI) para la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de servicios públicos. Por coincidencia, en el mundo entero los gobiernos y los organismos multilaterales recomiendan invertir masivamente en infraestructura a largo plazo para salir de la desaceleración económica que enfrentan los países ricos y los emergentes hace años.
Perú tiene brechas enormes que atender, incluidas las brechas sociales en salud y educación, además cuenta con recursos fiscales y puede financiar sin problema un esfuerzo de diez años de construcción de proyectos cofinanciados y autosostenibles en APP e IP.
Para plasmar una política de Estado de continuidad se espera el anuncio de un programa de cinco años de adjudicaciones de APP, según lo declarado hace pocos días por el ministro Segura.
Sería oportuno abrir la puerta a las IP que pueden desarrollar incluso proyectos de APP de iniciativa estatal encargados a ProInversión. Las IP son una herramienta valiosa porque permiten reducir tiempos y costo de estudios, ya que se basan en estudios a cargo del proponente. Es fácil entender que el proponente privado es el primer interesado en hacer su propuesta basado en estudios serios, porque de ello dependerá la suerte de su futura operación a largo plazo.
Para esto se necesitaría que el Gobierno brinde señales claras al sector privado y le diga en qué proyectos específicos son bienvenidas las iniciativas privadas, y que, por otro lado, precise los pasos que siguen a la presentación de una IP porque su procesamiento es nebuloso y aún no ha sido precisado, simplificado y acotado debidamente. Sería penoso que las IP se estrellen contra la permisología y terminen demorándose más que las APP.
Los proyectos incluidos en un plan de adjudicaciones de 5 años, que pueden construirse a lo largo de diez años, debieran ser pequeños, medianos, grandes y megas, pues el país necesita todo tipo de proyectos. Hay que pensar ambiciosamente y priorizar el crecimiento sin perder el ánimo ni el ritmo. Porque algunos grandes proyectos resultan controversiales en su inicio, no quiere decir que debemos intimidarnos y dejar de lanzar nuevos proyectos grandes, si es que estos son necesarios, rentables económica y socialmente y benefician a millones de peruanos en las regiones.
