Una nueva oleada de privatizaciones se está gestando en el país y trae consigo fundados motivos para ser optimistas. Esta vez no se trata de la transferencia de empresas y activos, como ocurrió en la década de 1990, sino en la concesión de obras diversas de infraestructura y la provisión de servicios que se están poniendo en manos privadas. Es una magnífica noticia, porque el Estado en el Perú funciona pésimo y, aunque tiene los recursos, no puede ejecutarlos porque carece de gestión adecuada.
Vale la pena seguir de cerca lo que se está logrando a través de los mecanismos de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI), porque ello puede abrir un camino incluso más ambicioso que el obtenido con la venta de empresas estatales.
Ha sido un acierto de este gobierno, en ese sentido, perfeccionar el marco regulatorio para que los privados puedan participar en la creación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura y servicios que de otro modo tendría que ejecutar el Estado, tarde, mal y nunca.
Ya conocíamos las experiencias de concesión de grandes proyectos de carreteras, líneas de transmisión e infraestructura de telecomunicaciones. Pero lo que se puede venir es aun más alentador. Hoy contamos con una legislación que permite a las empresas privadas construir y mantener hospitales; edificar escuelas; manejar penales; ofrecer servicios médicos y muchas cosas más. Es decir, proyectos que toquen directamente a los ciudadanos en sus necesidades cotidianas. Y no solo para que sean ejecutados por las grandes corporaciones constructoras, sino por empresas de mucho menor tamaño.
En OxI, se han acumulado ya cerca de 1.300 millones de soles en obras pequeñas y medianas de saneamiento, construcción de pistas, veredas y edificación de escuelas. Hay proyectos de decenas de millones, pero también empresas que han ejecutado complejos deportivos por menos de US$250 mil.
Empresas que antes actuaban solas ahora están formando consorcios y el ‘ticket’ de las obras crece en dimensión y complejidad. No es improbable que se logren armar “fondos de inversión” privados que reúnan los aportes de muchas empresas y deleguen en un tercero la administración y seguimiento de los proyectos.
Fuera del ámbito municipal y regional, las APP crecen en ambición y alcance, incluyendo la edificación y operación de puertos y aeropuertos, y la construcción de grandes carreteras. Pero no solo hay avances en obras de gran cemento, sino en cosas como la administración de servicios generales y el mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, incluyendo la provisión de análisis de patología.
Se anuncian ahora proyectos para construir hospitales; edificar colegios y muchas otras iniciativas, una vez más, cercanas al ciudadano habitualmente desatendido por el Estado. Por este medio, se pueden hacer quirófanos, centros de diagnóstico por imágenes, redes de bibliotecas escolares, comisarías, administrar flotas de patrulleros. Es decir, de todo.
Habrá que apuntalar a Pro Inversión y darle los recursos para administrar estos procesos; habrá que capacitar a las entidades públicas para que conozcan estos trámites y armen sus expedientes; y habrá que reforzar los organismos de control para que se especialicen en monitorear estos contratos. Pero incluso todo esto se puede hacer involucrando a los privados.
Tenemos en ciernes, me parece, una oportunidad dorada para crear el ‘momentum’ de una segunda ola privatizadora de gran impacto social. Muchísimo más potente que los programas asistencialistas para ayudar a nuestros compatriotas de menores ingresos a tener una vida mejor.
