Por Franco Giuffra
(El Comercio, 11 de Junio de 2015)
Si Dios en verdad nos quiere, pasará pronto esta presidencia dedicada a la nada y un nuevo gobernante enrumbará al país por la senda del crecimiento económico. Alguien, ojalá, con la teoría económica mínimamente estudiada y con la voluntad de llevarla a la práctica, sin enredarse en aquello de que “hay que incluir para crecer”, un aforismo con pinta sesuda que todavía nadie consigue descifrar.
Se necesita mucho más que crecimiento económico, sin embargo, para alcanzar el desarrollo. No es cierto que los defensores de la economía de mercado y la sociedad libre solo estén interesados en las cifras del PBI. Eso es una caricatura. La preocupación por la pobreza, la corrupción, la seguridad y el funcionamiento cabal del Estado son parte sustantiva de un ideario liberal.
En el centro de esta visión del desarrollo está, por supuesto, el imperio de la ley y el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones como entidades jurídicas y también las otras, habitadas por funcionarios públicos y representantes de los ciudadanos: Poder Judicial, Congreso, autoridades locales, policía. Puede haber plata como cancha pero no sirve de nada si las disputas se zanjan a balazos o si la gente pobre se muere en hospitales públicos mal gestionados. Ningún liberal aceptaría eso como modelo de país ideal.
En ese examen de calidad institucional, lamentablemente, estamos pésimo. Eso es algo que el próximo gobernante no podrá resolver. Es una materia a la que tendremos que aplicarnos por décadas, seguramente, para poder mejorar.
Pero hay que dar los primeros pasos y un buen comienzo puede ser la reforma de la institucionalidad de los partidos políticos. Por ejemplo, ¿por qué los partidos no pueden tener normas que los obliguen a hacer las cosas que el Estado impone a las empresas?
En primer lugar, una estructura organizativa clara, con responsabilidades civiles y penales, como ahora se pretende imponer a los privados, y con cargos nítidamente descritos y ‘accountability’. Del mismo modo, ¿por qué no presentan sus estados financieros o la relación de aportantes con la misma oportunidad y rigor que exige la Sunat o la Superintendencia del Mercado de Valores?
Todo esto ya está normado, pero nadie lo cumple. ¿Por qué? Porque las sanciones son ridículas o no se aplican. Se descubre un dinero raro y nadie responde, se tiran la pelota diciendo que fulano manejaba la caja y que mengano no sabía nada. ¿No deberían estar obligados a ser auditados por terceros independientes?
Y si no cumplen, ¿por qué no son sancionados o retirados del mercado? Que pongan sus cartas-fianza si quieren participar en una elección. Perú Posible, por ejemplo, debe una multa de S/.170 mil y se sienta en la noticia. Toledo sigue dando discursos, su secretario general sale en la tele feliz de la vida y sus congresistas declaran a la prensa con toda solemnidad. ¿Por qué la ONPE no los puede embargar?
Nada de esto alienta la transparencia que el mercado político necesita para funcionar. No puede permitirse que el origen de los fondos de un partido político los aclare su presidenta o presidente a través de Facebook y cuando le da la gana. Imagine al gerente de una empresa respondiendo por Twitter a una acotación de la Sunat: “Tani, no te precupes; todo está OK”. Inaceptable, ¿verdad?
