Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 04 de febrero de 2016
El poco inteligible idioma de las leyes es un aspecto muy soslayado cuando se discuten los temas de informalidad e incumplimiento legal. La ley es obligatoria desde su divulgación y desconocerla no exime de cumplirla. ¿Pero qué pasa cuando las normas no se entienden?
Al igual que las sentencias judiciales, el lenguaje normativo está hecho para los abogados, no para los ciudadanos en general. Para suplir esta limitación, existen iniciativas internacionales que buscan instaurar el “Plain Legal Language”. Es el caso de Clarity International, fundada en Gran Bretaña en 1983 y cuyas recomendaciones se han extendido por los países angloparlantes.
Esto es parte de una pequeña revolución en favor del lenguaje claro y simple que propone, por ejemplo, la Plain Language Association International. Existen manuales y cursos, que combinan las especialidades de abogados y comunicadores, para hacer que el derecho se entienda. Estados Unidos tiene una norma específica al respecto, la Plain Writing Act del 2010. Similar legislación existe en Australia y Canadá.
Mientras se avanza en esa dirección, otros países se toman el trabajo de traducir las normas en folletos, audios, infografías para hacerlas comprensibles a las personas comunes.
Existe muy poco de esto en el Perú. Como regla general, las páginas webs de las entidades públicas no tienen explicaciones “no legales” de la normativa a su cargo. No es una hipótesis descabellada imaginar que el incumplimiento normativo que exhibimos con tanta soltura los peruanos tenga que ver en parte con la dificultad para entender la ley.
A lo cual debe sumarse la forma como se construye el derecho, únicamente comprensible para especialistas. Las normas no se reemplazan enteras, como las nuevas ediciones de un texto escolar. Se complementan, modifican o aclaran a través de otras normas parciales. Como si la segunda edición de un libro solo trajera los párrafos nuevos y los cambios a los párrafos de la primera versión.
Entender una norma requiere tener otras cinco o diez a la mano y armar un rompecabezas de referencias cruzadas. Es el mundo del “sustitúyase el artículo tal por este otro”; “deróguese lo que se oponga a esto”; “aclárese que acá no se incluye a los que están mencionados en tal otro lugar”.
Excepcionalmente se producen cosas como los textos únicos ordenados, que intentan organizar lo que a través de los años se ha vuelto disperso y confuso. Pero esas iniciativas son excepcionales y rara vez completas.
Un ejemplo de rompecabezas diabólico es la normativa laboral. Se sabe que es onerosa e inadecuada para fomentar la productividad. Pero también es muy difícil de entender. El compendio de normas de la actividad privada que figura en la web del Ministerio de Trabajo lo muestra patéticamente. Incluye 64 decretos supremos, 40 leyes, 11 decretos legislativos y 32 resoluciones ministeriales.
Eso abarca cosas como el Decreto Ley 14371 de 1963, que sigue vigente, hasta las normas aprobadas recientemente. Son 50 años y 150 disposiciones que usted necesita descifrar. No existe, ni por asomo, un texto del tipo “Derecho laboral para ‘dummies’”. Si no puede pagar un abogado laboralista, haga usted la arqueología como pueda.
Los planes de gobierno de los principales candidatos tienen algunas generalidades en materia de desregulación y simplificación administrativa. De nuestro derecho a entender la ley no hay ni una sola palabra. Es una de esas microrreformas poco glamorosas que nadie tiene aún en su radar. Lampadia
