La mejor parte del paquete de medidas para la promoción de la inversión en el país no está en los proyectos de ley remitidos al Congreso. El premio mayor podría haberse quedado en Palacio de Gobierno y sería fantástico que así fuera.
Como es conocido, este gobierno nació con un desafiante sesgo anti-empresarial y una desconfianza declarada hacia la economía de mercado. La confusión mayor la ha tenido siempre el presidente de la República, ideológicamente desorientado respecto del rol de la inversión privada en el desarrollo económico.
Quizá su genuina preocupación social lo hizo acuñar una máxima que recoge admirablemente este menjunje mental: “Antes pensábamos que había que crecer para incluir, pero ahora sabemos que hay que incluir para crecer”.
Pero se le acabó la inercia del piloto automático y con las cifras declinantes de crecimiento económico se habrá dado cuenta, ojalá, de que no hay manera de ganarle a la pobreza si el país no crece. Alguien le habrá hecho ver, finalmente, que el PBI no solo significa el valor agregado de la producción nacional, sino también la suma de los ingresos de todas las empresas y personas. Y que si esos ingresos caen, lo que está disminuyendo es la plata que tiene la gente en sus bolsillos.
No quiero decir que las medidas remitidas al Congreso para su promulgación sean poca cosa. Todo lo contrario. Son ciertamente tímidas e insuficientes, y algunas, como las referidas a la condonación de deudas tributarias, son polémicas. Pero expresan dos aspectos ciertamente inéditos y positivos en este gobierno.
Primero, el detalle en el cual se fundamentan y la precisión microscópica de lo que plantean. Exactamente lo que se necesita en un contexto en donde predominan los grandes planes y el blablablá.
Tómese por ejemplo el tema de las inspecciones municipales de Defensa Civil. En este caso, se está proponiendo que el informe de inspección, si no tiene observaciones, pueda servir para obtener la licencia de funcionamiento. Sin esperar que se emita el certificado definitivo. Una cosa absolutamente revolucionaria. Si usted no ha hecho nunca este trámite, le sonará como los ruidos extraños que envían las sondas de la NASA en su recorrido por el espacio. Pero si ha tenido la mala suerte de abrir un negocio y padecer los plazos y arbitrariedades municipales, esta sola disposición compara favorablemente con la “Quinta sinfonía” de Beethoven, porque un negocio podía estar un año esperando el certificado para luego obtener su licencia y abrir.
En segundo lugar, el enfoque proempresarial que contienen. Hablando del proyecto de ley sobre la promoción de la inversión, la exposición de motivos es sobrecogedora. Se reconoce en ella, por ejemplo, que en la imposición de multas que alimentan las arcas de las entidades fiscalizadoras existe un problema de incentivos perversos. O que para la determinación de tasas y derechos, muchas municipalidades carecen de sustentos técnicos, no se amparan en el ordenamiento legal o “desobedecen la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Por estas razones, si alguna intervención divina ha hecho que el presidente cambie su enfoque anti-empresa y si eso se va a traducir en sucesivos paquetes desreguladores, creo que nos hemos sacado la lotería. Ocurrido el milagro, restaría ahora que las mismas personas que han preparado este paquete se dediquen a tiempo completo durante los próximos cien años a seguir desenredando la perniciosa madeja en la que estamos atrapados.
