Por Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 1 de marzo de 2018
Patético y vergonzoso. Esos podrían ser buenos adjetivos para calificar el espectáculo de demagogia puesto en escena la semana pasada por la Junta de Portavoces del Congreso a propósito de la Ley Bartra.
Recuerde estos nombres: Gilbert Violeta, Daniel Salaverry, Jorge del Castillo y Marisol Espinoza. Apenas olieron la impopularidad de la medida, producto de una tendenciosa campaña de desinformación, retiraron sus firmas del acuerdo que hubiera facilitado su aprobación.
No salieron a aclarar la confusión producida ni a defender su voto. Se acomodaron nomás para pasar piola. Esta falta de valor y de convicciones será la cruz sobre la tumba de cualquier discusión sobre la más mínima reforma laboral en los próximos años.
La Ley Bartra es buena. No es una ocurrencia de última hora ni trabajo forzado para ‘pulpines’ durante tres años.
El proyecto se presentó en abril del 2017. Recibió el dictamen favorable de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso en junio, con las firmas de representantes de casi todas las bancadas, incluyendo dos del izquierdista Frente Amplio. La Junta de Portavoces le dio el primer pase en diciembre. Hace meses que circula por el Congreso con el beneplácito de una enorme mayoría.
No es un mecanismo obligatorio. Como todas las otras modalidades formativas laborales que existen desde hace trece años, es voluntario. El proyecto no dice nada respecto de qué ocurre si alguien no participa. No hay nada en él sobre créditos o condiciones para graduarse. Ninguna disposición sobre las otras modalidades formativas lo dice tampoco, desde que se aprobaron en el 2005.
No es trabajo de esclavo por tres años. Quien lo toma puede hacerlo por un máximo de 448 horas en ese plazo. Es decir, el equivalente a 1,5 jornadas laborales ordinarias por mes. O puede hacerlo por una hora diaria por una semana. Por eso se habla de máximo.
No se ofrece compensación económica. No parece crítico, tratándose de un formato en donde el alumno está aprendiendo. Si uno paga por ir a clases con profesor y pizarra, ¿no es tolerable que pueda aprender también en un taller de mecánica sin recibir pago?
Esto no es nuevo. La Ley 28518, que trata sobre las modalidades formativas laborales, permite un esquema similar llamado “pasantía” que en algunos casos no paga nada y en otros paga el 5% del sueldo mínimo (42 soles mensuales). Esto existe desde el 2005.
Vamos al fondo del asunto ahora. Mi experiencia de seis años como ex gerente de recursos humanos de una organización de 15 mil personas me enseñó una cosa: los jóvenes salen de las universidades e institutos crudos, crudísimos. Lo que les enseñan no es más del 20% de lo que realmente necesitarán en su chamba.
Hay que facilitar por todos los medios las oportunidades para que los estudiantes aprendan en las empresas, que practiquen, que pasen un tiempo en la vida real.
El gobierno de Toledo complicó este asunto irresponsablemente. Su Ley 28518 enredó y encareció todo. Una norma mal hecha que no se entiende. Pero además hizo onerosísimo contratar jóvenes en modalidades formativas. Obligó a pagar sueldo mínimo, seguro médico, vacaciones y un bono cada 6 meses. Como consecuencia, el número de contratados se fue al suelo. Las modalidades formativas casi no se usan.
Finalmente, a los congresistas que huyeron para salvar su pellejo, un consejo de pata: dejen la cobardía y, con el pundonor de Vargas, con los huevos de Vargas, con el corazón de Vargas, regresen a la mesa y aprueben esta norma y las que sean necesarias para mejorar la empleabilidad de los jóvenes peruanos.
