Tenía que ser algo de dimensiones especiales. Los brasileños no se iban a conformar con un montaje mafioso de unos pocos millones de dólares. Si iban a armar una cochinada, tenía que ser “a maior do mundo”.
Y les salió tal cual. Se estima que cerca de US$3,9 mil millones en coimas y ‘overpricing’ cambiaron de mano durante varios años entre burócratas de Petrobras, políticos encumbrados y ejecutivos top de compañías constructoras de Brasil. Un circo tremendo de tres pistas que estuvo en escena por casi una década para delicia de todos sus participantes.
Petrobras emerge de esto como ejemplo monumental del mal manejo del dinero público. Poco o nada queda del ‘glamour’ que la acompañó hace cinco años, cuando lanzó su exitosa venta de acciones, recogiendo US$70 mil millones –la mayor oferta de acciones de la historia mundial– y se convirtió en ese momento en la cuarta empresa más grande del planeta.
Entre la debacle por el escándalo de corrupción y la caída del precio del petróleo, la petrolera estatal ha perdido US$83 mil millones de valor de mercado en los últimos seis meses. El banco suizo UBS estima que lo que falta digerir por causa del esquema mafioso podría alcanzar otros US$15 mil millones.
La empresa ha llegado al punto en el que los auditores independientes se niegan a firmar sus estados financieros porque ya no creen en nada, mientras se le empiezan a acumular demandas millonarias en Estados Unidos por parte de fondos de inversión, además de investigaciones de la SEC y el Departamento de Justicia.
En el frente político, una larga lista de figuras públicas han sido investigadas o denunciadas, incluidos los presidentes de ambas cámaras congresales, 12 senadores y 22 diputados. Todos, menos uno, integrantes de la coalición oficialista presidida por Dilma Rousseff. Para que quede claro hasta dónde está enlodado el gobernante Partido de los Trabajadores, la semana pasada fue arrestado su tesorero, respecto de quien las autoridades dicen tener “pruebas fehacientes” de que recibió más de US$200 millones de donaciones ilegales.
Con ellos, una veintena de ejecutivos de megaconstructoras –varias con operaciones en el Perú– han sido denunciados o apresados. Se les atribuye participar en el enjuague a través del encarecimiento de las obras que tenían a su cargo, para generar dinero sucio a fin de aceitar a tirios y troyanos.
Con este panorama, lo menos intrigante será la gimnasia verbal que ensayará Rousseff para explicar que no sabía nada, pese a haber sido presidenta de Petrobras o ministra de Energía durante casi todos los años que funcionó este alambique.
Más curiosidad suscita la forma como los discípulos del socialismo del siglo XXI se tragarán este ejemplo de desprendimiento de los políticos brasileños. Un sapo similar al que tendrán que encajarse los amigos de las empresas públicas petroleras, ahora que no hay espejo en el cual mirarse ni niña alguna para ponerse en la retina.
Sale magullada la izquierda latinoamericana de todo este entrevero, del cual brotarán titulares durante los siguientes meses. Nada comparable con la montaña de dinero que pierden los ciudadanos brasileños por los vicios inherentes a la gestión del dinero común. Como no era de nadie, los burócratas se lo fumaron haciendo argollas.
