Trato despiadado, falsedades y obstinación

Para los trabajadores y pensionistas

Sobre el Proyecto de Ley de Reforma de Pensiones

Fernando Muñoz Nájar
Para Lampadia

El contenido del proyecto de ley de Reforma de Pensiones tiene un trato despiadado hacia los trabajadores con ahorros en las AFP y hacia los pensionistas, llama la atención este trato, en especial en un momento de pandemia y de angustias económicas, en que la preocupación general es conseguir ingresos para cada día y manejar la incertidumbre del mañana. El proyecto antes que resolver algo añade tremenda preocupación a los trabajadores y a los pensionistas, además de privarlos de su libertad de elegir.

Como si fuera poco el desprecio, el diario El Comercio incluye un artículo de las incógnitas del proyecto, indicando falsedades declaradas por Carmen Omonte respecto a temas que el proyecto no incluye. Ella habría informado lo siguiente:

“Puede que voluntariamente muchos afiliados actuales a la AFP quieran ingresar (al SIUP). De lo contrario, estarán todavía en el esquema de AFP”. Lo cual indica el Comercio, resulta falso porque las AFP desaparecerían y el proyecto no incluye nada respecto a la voluntad de decidir del trabajador.
“El mayor porcentaje se mantendrá en el fondo de riesgo individual y un menor porcentaje en el fondo de riesgo compartido”. Idea que indica el Comercio, no se plantea en el proyecto, al respecto Marthans y Prialé señalaron como un riesgo que el proyecto no establezca con claridad los porcentajes dejándolos al gobierno de turno.

Obstinación por el proyecto. Diversas instituciones y personas han informado, solicitado, advertido, pedido al Congreso, a los miembros de la Comisión y a su Presidenta Carmen Omonte NO hacer una reforma tan importante en una ocasión inapropiada, como es una etapa pre electoral, en pocos días se elegirá a un nuevo gobierno que podría cambiarlo todo y más importante aún la pandemia/crisis económica causa una situación de zozobra a los trabajadores y a los jubilados que dependen de sus ahorros y de sus pensiones, justamente cuando muchísimas familias han perdido a sus seres queridos, o están enfermos, habiendo además muchos de ellos perdido su trabajo y sus ingresos.

Las instituciones y las personas que han pedido que NO se haga la reforma son:

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, sin duda, la que mejor conoce el sistema y que a lo largo de los casi 30 años del sistema lo ha controlado impecablemente, y con ganancias para los trabajadores.
El Banco Central de Reserva, sin duda, la institución más respetable y de mayor autoridad en la economía nacional, ha solicitado también postergar el tema de la reforma.
Ocho ex ministros de Economía, el 7 de diciembre 2020, dirigieron una carta a la Presidente del Congreso, indicando en referencia al sistema de pensiones: “Lamentablemente, el daño que ya se le ha causado en este último año ha sido elevado, por lo que consideramos se debe evitar seguir legislando sobre el tema”.
César Acuña, el jefe del partido ha solicitado públicamente no seguir con el tema de la reforma y ni siquiera por darle un poco de credibilidad al partido se ha renunciado a perjudicar a los trabajadores y a los pensionistas.

Todo esto además de cientos de miles de quejas de los ciudadanos en las redes sociales.

Entonces vemos que en este proyecto existe:

Trato despiadado hacia el trabajador y los pensionistas que en lugar de un proyecto amenazante debían contar con el apoyo del Congreso.
Falsedades que intentan justificar el proyecto, según lo indica El Comercio.
Obstinación de sacar un proyecto negativo para gran cantidad de trabajadores y pensionistas, a pesar de los pedidos de instituciones y expertos en el tema.

No será que la motivación de los autores del proyecto es la de tratar de obtener el título de “vengador(es) contra las odiadas AFP”, pero erradamente se ha dirigido la puntería hacia los trabajadores y jubilados pensionistas, saliendo las AFP ilesas, porque con solo cambiar de giro seguirán operando. Si esto de la motivación es cierto, rectificar en la dirección correcta sería lo más lógico y sencillo, además de evitar los daños a los trabajadores y pensionistas. Con dos acciones se tomaría el rumbo correcto:

Poner un tope a las comisiones de las AFP (como en el caso de los bancos), obligándolos a seguir trabajando con utilidades pequeñas, y
Otorgar a los afiliados y pensionistas de las AFP la libertad de decidir su futuro y poder continuar o no con el sector privado.

Con lo cual ganarían el título de vengadores sin despojar de sus ahorros a 7,780,721 trabajadores afiliados a las AFP y a 261 mil pensionistas, que hoy son las futuras víctimas del proyecto.