Enrique Gubbins
Perú21, 21 de agosto del 2026
«Cuando el monopolio pertenece al propio Estado y el regulador pierde capacidad para exigir resultados, el ciudadano deja de tener un verdadero contrapeso».
Donde existe un servicio público prestado en condiciones de monopolio, tiene que existir un regulador fuerte. Si el usuario no puede cambiar de proveedor, alguien debe hacer el trabajo que, en un mercado competitivo, hace la competencia: exigir eficiencia.
Por eso Ositrán regula puertos, aeropuertos y carreteras concesionadas. Osinergmin supervisa la distribución de gas. Y la Sunass regula a Sedapal. Pero hay una diferencia incómoda. En los primeros casos el monopolista es privado. En el agua potable, es el propio Estado. Y justamente ahí el regulador termina siendo más débil.
El Decreto Legislativo 1280 establece que las empresas prestadoras deben operar con criterios de eficiencia. No es una recomendación. Es una obligación legal. Sin embargo, los resultados muestran otra realidad. Según el informe Cami Yaku de la Sunass, el agua no facturada de Sedapal pasó de 27.4% en 2018 a 33.3% en la actualidad. Es decir, uno de cada tres litros de agua producidos nunca se cobra.
Eso no responde a una falta de agua. Responde a redes que no se reparan, conexiones clandestinas que no se controlan y medidores que no se reemplazan. Mientras tanto, se sigue extrayendo más agua de un acuífero que viene siendo sobreexplotado desde hace décadas.
La paradoja es todavía mayor si se observa quién termina financiando esa ineficiencia. El Decreto Legislativo 1185 permite a Sedapal cobrar una tarifa de monitoreo y gestión a quienes extraen agua de sus propios pozos. Solo por ese concepto recauda alrededor de S/145 millones al año de usuarios que ni siquiera consumen el agua que distribuye. Sin embargo, resulta difícil identificar en qué mejoras concretas se ha traducido ese esfuerzo económico. Mientras tanto, la empresa mantiene obras paralizadas, sus propios auditores detectaron activos y utilidades sobrevaluadas, y el indicador de agua no facturada continúa deteriorándose.
Los gastos de personal, en cambio, crecieron 48% entre 2018 y 2024. Y hay un dato difícil de explicar: los estados financieros auditados registran bonificaciones por agua no facturada. Nadie ha explicado qué desempeño premian. Lo único verificable es que ese indicador ha empeorado.
Ese es el verdadero problema. Cuando el monopolio pertenece al propio Estado y el regulador pierde capacidad para exigir resultados, el ciudadano deja de tener un verdadero contrapeso. Después de debilitar al regulador, no le pidamos ahora que proteja a nadie.
