Profesor de la Universidad del Pacífico y presidente de Apeseg
El Comercio, 15 de agosto de 2017
El gobierno actual utilizó en campaña la idea de formalizar. El reto era enorme. Habíamos pasado 25 años de crecimiento y la informalidad había bajado solo marginalmente. Los sucesivos gobiernos siempre habían sacado el cuerpo al tema de hacer una reforma laboral que permitiera algo fundamental: darle mejores empleos a más peruanos.
Se pensó en activar varias políticas que apuntaran a ese objetivo. Por el lado tributario se quería que las empresas no vieran la política tributaria como una razón para no crecer. Lo lógico es que las empresas quieran ser más grandes, lo absurdo es que el régimen tributario tuerza esa lógica y sea mejor no crecer.
Por el lado laboral, el punto de partida era que el mercado tenía dos características no deseadas: (1) era tremendamente rígido, especialmente porque los costos de despido eran excesivos sino infinitos, dada la particular “interpretación” del Tribunal Constitucional (TC) de nuestra legislación laboral; y (2) había costos laborales en la formalidad que podían reducirse.
Lo cierto es que el foco de la discusión curiosamente se puso sobre si se debía o no reemplazar la compensación por tiempo de servicios (CTS) por un seguro de desempleo y se obvió la discusión de los impactos que habían tenido las sentencias del TC sobre el mercado laboral y sobre la viabilidad misma de poner en marcha un seguro de desempleo.
Los seguros se utilizan para cubrir eventos cuya ocurrencia es incierta. En este caso, puede ser que nunca me despidan como puede ser que me despidan. Es importante remarcar que hablo de despidos, porque si yo renuncio voluntariamente a mi trabajo para ir a otro mejor, no ha existido despido y no debería activarse el seguro. Asimismo, si yo negocio con mi empleador un monto para mi salida, se trata de un mutuo acuerdo, por lo tanto, tampoco me están despidiendo y tampoco se activa el seguro.
Las sentencias del TC provocaron que los contratos laborales del mercado formal en el Perú se vuelquen a contratos a plazo fijo en lugar de utilizar contratos a plazo indefinido, al punto que ocho de cada diez empleos es a plazo fijo. Si un empleador quería retirar a un trabajador, en el primer caso bastaba con no renovar su contrato a plazo fijo, y en el segundo caso se negociaba el monto de salida. Es decir, en el Perú el despido prácticamente no existe. Por ello, tal como están hoy las cosas, un seguro de desempleo es imposible de poner en práctica.
Es bueno que el gobierno acepte que esta herramienta no es la adecuada. Está bien que se diseñe política pública mirando la realidad y no el pizarrón académico. La pregunta que queda para Ejecutivo y Legislativo es si nos sigue preocupando la informalidad, si nos sigue preocupando que las empresas prefieran no crecer, y por lo tanto tenemos un serio problema de productividad que nos condenará al subdesarrollo. La solución pasa por corregir el origen del problema. Por eso pedía, en este mismo Diario, audacia a ambos poderes del Estado.
