Eduardo Mercado
El Comercio, 13 de mayo del 2025
“Los incentivos deben estar alineados con la excelencia, la ética y el servicio público para tener un sistema que promueva el trabajo decente, la formalización y el respeto de los derechos”, analiza Eduardo Mercado Villarán, socio de Vinatea & Toyama.
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 9744/2024-CR que propone otorgar bonificaciones a los trabajadores de la Sunafil en función de indicadores de desempeño institucional y de los excedentes de recaudación por multas. Aunque la intención es fortalecer la función inspectiva y reducir la informalidad, la propuesta presenta riesgos y contradicciones respecto a la verdadera naturaleza y objetivos de la inspección laboral.
La función principal de la inspección laboral es promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es garantizar derechos y fomentar una cultura de cumplimiento, no recaudar fondos para el Estado a través de multas. Sin embargo, el proyecto vincula la entrega de bonos con los excedentes de recaudación por multas, lo que puede distorsionar la función inspectiva y generar un incentivo perverso: que la labor fiscalizadora se enfoque en buscar más sanciones en vez de prevenir, orientar o corregir conductas.
El predictamen establece que la bonificación puede alcanzar hasta el 50% de la remuneración básica y se financiaría con hasta el 30% de los excedentes de recaudación anual, con la posibilidad de un 10% adicional si se cumplen ciertos indicadores. Este esquema no promueve la meritocracia ni la excelencia y podría alentar prácticas que, lejos de promover la formalización, tendría un efecto contrario. Por ejemplo, una de las multas más elevadas es por cada trabajador no incluido en planilla, y el 70% de la carga del Tribunal de Fiscalización Laboral corresponde a multas derivadas de la labor inspectiva. Esto otorga al inspector un alto grado de discrecionalidad, lo que puede fomentar la arbitrariedad y la desconfianza en el administrado.
Diversos estudios y el propio predictamen reconocen que el Perú tiene una de las menores ratios de inspectores por habitante. La solución para mejorar la eficacia de la Sunafil no pasa por incentivar la recaudación, sino por aumentar y capacitar a los cerca de 856 inspectores existentes. Además, la distribución es desigual: Lima concentra el 42% de inspectores, mientras que Madre de Dios, Pasco y Huancavelica apenas cuentan con 6 por ciudad, a pesar de superar el 75% de informalidad. Es fundamental priorizar las zonas y sectores con mayores niveles de informalidad y vulnerabilidad laboral.
Por otro lado, el Tribunal de Fiscalización, tras cuatro años de actividad, solo cuenta con una Sala, cuando debería tener tres, y existen casos con casi 24 meses sin ser resueltos. El fortalecimiento de la Sunafil es una necesidad ineludible para enfrentar la alta informalidad laboral, pero este fortalecimiento debe orientarse en mejorar la capacidad técnica, la cobertura y eficiencia de la inspección, no en convertirla en una entidad recaudadora. Los incentivos deben estar alineados con la excelencia, la ética y el servicio público para tener un sistema que promueva el trabajo decente, la formalización y el respeto de los derechos.
