Por: Diego Díaz Pastor, Asociado de Macroconsult
Gestión, 6 de abril del 2022
“Este momento es crucial para que el presidente Castillo y el Consejo de Ministros escuchen al MEF”.
Al gobierno de Pedro Castillo le ha tocado enfrentar una coyuntura económica peculiar. Por un lado, una economía en veloz recuperación, luego de la recesión producida por el covid-19, y un entorno de precios internacionales de los metales muy favorables, que han permitido una recaudación fiscal récord. Por otro lado, un mercado laboral con mayor precarización del empleo y altas tasas de inflación, explicadas por la depreciación del tipo de cambio y los constantes shocks de oferta a nivel mundial.
Luego de ocho meses en el cargo, es evidente la falta de dirección en la política económica del Gobierno para aprovechar las oportunidades, del ciclo y mitigar los efectos inflacionarios en la población más vulnerable. Esta parálisis se expresa ahora en el descontento generalizado de la población y un estallido de conflictividad social que lo ha puesto contra las cuerdas.
En esta posición desfavorable, el Gobierno se ha visto obligado a adoptar medidas con altos costos fiscales y con un impacto cuestionable en la solución de los reclamos de los gremios y población. Esto se debe a la aparente incapacidad del Ejecutivo para definir políticas con solidez técnica. Que se basen en el entendimiento de los mercados sujetos a estrés y en adecuados criterios de focalización. Es decir, políticas que se respalden en un sólido análisis microeconómico previo. Para esto, sin embargo, se necesita que los hacedores de política tengan capacidades técnicas y una clara definición de cuáles son los principios económicos que se van a defender al momento de negociar. Estos dos elementos claramente vienen siendo subordinados por una política de reacción y populismo.
Esto no podría ser más evidente que en la reciente exoneración del impuesto selectivo al consumo a gasolinas y diésel, por un plazo de hasta 9 meses. De acuerdo con estimados de macroconsult, la medida podría implicar un costo fiscal de S/.350 millones mensuales, no se puede garantizar de que el efecto se traslade completamente al usuario final (debido al gran número de agentes que participan en la cadena minorista) y menos que apacigüe a los transportistas. Más aún, a esta exoneración se suma el ya importante esfuerzo fiscal que se venía implementando a través del fondo de estabilización del precio de los combustibles (FEPC). A diferencia del FEPC, sin embargo, eliminar la exoneración podría resultar políticamente difícil para el Gobierno. En la historia económica del esta no sería la primera exoneración temporal que se perpetúe.
Otro ejemplo es el toque de queda en Lima Metropolitana, donde se prefirió parar una economía que produce mil millones de soles al día, en lugar de atender las supuestas alertas de inteligencia sobre saqueos con refuerzos focalizados de seguridad en la ciudad. Y es así como una seguidilla de malas o inexistentes políticas en el frente micro económico pueden resquebrajar en el mediano plazo el paradigma de solidez macro económica del país.
Los ciclos favorables de precios no son eternos, y menos en un contexto internacional tan incierto como el actual. Este momento es crucial para que el presidente Castillo y el Consejo de ministros escuchen al MEF, y para que este redoble sus esfuerzos en defensa de los principios de política fiscal que han sostenido a la economía peruana.
