Acaba de publicarse una nueva ley penal sobre temas cibernéticos que, por su ambigüedad y amplitud, equivale a una eficiente mordaza, precisamente en el campo de la información que más futuro tiene. He sido el primero en reclamar mayor privacidad y respeto a las comunicaciones, así como que se precise más aquello de ‘interés público’ para evitar excesos, pero la presente ley se ha ido al otro extremo y cualquier periodista puede ir preso –más aún con este Poder Judicial, donde hasta vocales supremos supuestamente sapientes e imparciales como San Martín cometen escandalosas atrocidades con las prescripciones– unos cinco años solo por hacer su trabajo.
Me imagino que Cornejo Chávez, padre intelectual del infame ‘Estatuto de Libertad de Prensa’ (bajo la dictadura velasquista), y Montesinos sonreirían al leer esta ley y felicitarían a su autor (que las malas lenguas dicen que ha sido el ministro Cateriano). ¡Me imagino que Correa en Ecuador debe ya estar revisándola con el mismo deleite que tendría de estar mirando una edición especial de Playboy! Ya desde el Congreso salió mal, pero el Ejecutivo la empeoró, y aquí hay una responsabilidad especial del ministro de Justicia Figallo, quien es el asesor legal del gabinete y debió disponer que se observara. No sé si por ancestro paterno velasquista este ministro no quiere a la prensa, pero no sé si es consciente del oprobio eterno que esto acarreará sobre su cabeza. Y lo mismo sucederá con el premier Jiménez, abogado que también ha sido ministro de Justicia y cuya firma rubrica la infame promulgación de esta barbaridad en El Peruano, junto a la de Otárola y Omonte. Eso quedará para la Historia. Y todo esto lo inició el pepecista Beingolea, que para colmo es… ¡periodista!
Publicado en Perú 21, 24 de octubre de 2013
