La gran tarea de un eventual gobierno de Keiko Fujimori
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La gran tarea de un eventual gobierno de Keiko Fujimori será refrescar o repotenciar las reformas de primera generación que se hicieron en los 90, que han sufrido un proceso de esclerosis, y pasar a las reformas de segunda y tercera generación, la mayor parte de las cuales quedaron pendientes y no se ejecutaron en los años 2000 en adelante. Se ha perdido 25 años.

En los 90 el gobierno de Alberto Fujimori:
- Abrió la economía,
- Puso orden en las finanzas públicas,
- Privatizó empresas estatales (salvo Petroperú y las empresas de agua potable, que ahora son huecos negros) que perdían mucha plata y eran nidos de corrupción, y
- Eliminó permisos, licencias, subsidios y controles, devolviendo libertad económica (salvo en el terreno laboral, donde incluso se incrementaron los costos no salariales del trabajo).
Con esas reformas de primera generación la hiperinflación fue abatida, la economía creció aceleradamente, los campesinos recuperaron su mercado interno y llegamos a bajar la pobreza de 60% a 20%.
Pero luego, a partir de la segunda década de los 2000, el Estado se volvió a llenar de regulaciones y trabas asfixiando la actividad económica y frenando la formalización.
También en los 90 se crearon varias islas de excelencia meritocrática en el Estado, pero quedaron pendientes la modernización de los servicios públicos y la reforma del sistema judicial, que nunca se ejecutaron hasta la fecha.
Se produjo, sí, a partir del 2002 la gran reforma de la descentralización del Estado, que transfirió los servicios públicos y casi el 70% de la obra pública a las regiones y municipalidades.
Pero el resultado ha sido muy malo
- Los servicios han desmejorado y no atienden a los ciudadanos pese a que los recursos han aumentado mucho.
- Y la corrupción se ha entronizado.
En el sistema judicial hubo también una reforma, la del nuevo código procesal penal, que pasó, en teoría, a un sistema oral. Pero el código es muy garantista sin que la policía tuviera laboratorios de criminalística para cumplir con el nivel de pruebas.
El resultado ha sido la impunidad, los procesos siguen siendo eternos y la coordinación con la policía sigue fallando.
Por lo tanto, si Keiko Fujimori llega al poder, deberá comenzar por restaurar libertad económica despejando la maraña de trabas y regulaciones incluso en el ámbito laboral, para liberar las fuerzas productivas, relanzar el crecimiento y facilitar la generación de empleo y la formalización.
Salvo en el tema laboral, tiene propuestas claras para ello.
Y deberá impulsar fuertemente la implantación de la meritocracia, la transparencia y la digitalización en el Estado a todo nivel, para mejorar los servicios y la obra pública. Lo tiene claro en su plan.
También la reforma del sistema de salud.
El problema será conseguir la colaboración de los gobiernos regionales con esas reformas.
El plan plantea también la reforma del sistema judicial junto con sus actores, implantando la interoperabilidad, el expediente judicial electrónico, las unidades de flagrancia, así como la simplificación del código procesal penal y el fortalecimiento de la capacidad policial.
Faltaría identificar las reformas políticas que permitan mejorar la calidad de la democracia.
Allí Fuerza Popular avanzó impulsando la bicameralidad, pero hace falta mejorar las reglas que permitan consolidar un sistema de partidos.
Un posible gobierno de Keiko Fujimori deberá pasar entonces a estas y otras reformas de segunda generación para volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza aceleradamente, derrotar a la criminalidad y mejorar y modernizar los servicios públicos para que nadie se quede sin ser atendido de manera inmediata y eficiente. Esa es la promesa.
Lampadia






