Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 24 de agosto de 2026
Para Lampadia
El Estado es un fracaso total. Hace poco, Lampadia publicó dos artículos míos referidos a los servicios fallidos en educación y salud. En ambos casos, los principales responsables son los funcionarios corruptos e ineptos de los Gobiernos Regionales. Pero no sólo la regionalización fracasó en nuestro país. Salvo el extraordinario ejemplo del Banco Central de Reserva (BCR) – y unas pocas instituciones estatales más – el Estado, en general, es un fracaso total.
Imagen solicitada a Grok
A ese respecto, las Compras y Contrataciones del Estado constituyen una raya más al tigre. Todo el mundo sabe que el Estado es un mal comprador… y un pésimo contratante.
Los procesos en mención están plagados de vicios, sobrevaluaciones, sobornos… y todo lo demás.
Todas las instituciones – nacionales e internacionales – que han analizado el tema, llegaron a la misma conclusión.
Las políticas, los procedimientos, la proliferación de organismos públicos, los funcionarios involucrados en dichos procesos… todo está mal.
Aparte de estar mal estructurado, el sistema es ineficiente, obsoleto, engorroso, y – lo que es peor – promueve la corrupción. Varios puntos del PBI están en los bolsillos de esos facinerosos que nos roban – de manera descarada y sistemática – a todos los peruanos.
Pero no solo plata se roban esos desgraciados. Los servicios públicos devienen en deplorables.
Pésima educación pública.
Desayunos escolares contaminados.
Hospitales inoperativos.
Equipos médicos obsoletos.
Medicamentos vencidos.
Colas de amanecida.
Carreteras destrozadas. Puentes inservibles.
Represas inacabadas.
Ciegos con brevetes.
En resumen… corrupción, despilfarro, y maltrato a más no poder.
El problema se mide en miles de millones. O sea, billones. Así de grande es el problema. Todos los días, todos los meses, todos los años, la corrupción se llena de plata… a costa de todos los peruanos.
Los números y opiniones que vienen a continuación provienen de un reporte del Banco Mundial. (Reporte No. ACS22743).
¿Quién solicitó dicha evaluación? El MEF, en su momento. O sea, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué dice el reporte?
Pues que, en las compras de vehículos, cemento, y combustibles… ahí hay una gran cutra. El Banco Mundial – es entendible – debe guardar las formas. Pero nosotros no. Nosotros decimos las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino.
La proliferación de Unidades Ejecutoras ha generado una gran dispersión de precios por el mismo bien o servicio. Algunas veces incluso comprados al mismo proveedor. En las Unidades Ejecutoras se roba descaradamente en los expedientes técnicos; los cuales – por si fuera poco – están pésimamente elaborados. De ahí provienen las famosas adendas para justificar sobrecostos; previo pago por lo bajo. En ellas se cocinan las supervisiones truchas que validan las trafas en las estructuras y calidad del concreto. Todo el mundo lo sabe; en las Unidades Ejecutoras todo es robo y corrupción.
¿Qué más dice el informe del Banco Mundial?
Los precios de cemento comprado por diferentes Unidades Ejecutoras varían en 350%. O sea, lo que unos compran a 100, otros compran a 350. ¡Qué tales choros! Los precios de vehículos sedán varían en 600%. O sea, un vehículo que cuesta – digamos – US$ 20,000, unos sinvergüenzas lo compran a US$ 120,000. Peor aún. ¡Tres cuartas partes de los procesos de compras y contrataciones del Estado tienen un solo licitador!
El Estado tiene alrededor de tres mil Unidades Ejecutoras. Léase, 3,000 instituciones compradoras y contratadoras. ¡3,000! Salvo poquísimas excepciones, cada cual es más corrupta e ineficiente que la otra.
No me cabe la menor duda. Los gobiernos anteriores nunca estuvieron interesados en combatir la corrupción. Todo el floro anticorrupción fue eso… puro floro. Nunca hubo voluntad política para combatir la corrupción. ¿Cambiará la situación con el Gobierno que acaba de asumir funciones el 28 de julio pasado? Espero que sí.
Al igual que en los casos de la educación estatal y la salud pública – y de todos los servicios públicos fallidos – hay que despolitizar y profesionalizar la gestión del Estado, en dichos ámbitos… en todos.
Me refiero a todas las instituciones que brindan servicios públicos especializados: educación, salud, agua y saneamiento, limpieza pública, seguridad ciudadana, infraestructura pública… incluida, la función de compras y contrataciones.
Concretamente, en el caso de las compras y contrataciones del Estado hay que eliminar las más de 3,000 Unidades Ejecutoras, que proliferan por todos los estamentos estatales, y reemplazarlas por una Autoridad Autónoma (AA) tipo BCR: profesional, meritocrática… apolítica. Cero clientelismo político, cero tarjetazos, cero compras de puestos, cero coimas…
El impacto económico y social de una reforma de tal naturaleza sería enorme. Por lo pronto, los S/. 20,000 millones anuales – y más – que consigna todos los años la Contraloría General de la República, como costo de la corrupción en el Estado, desaparecerían de un plumazo.
Por otro lado, eliminaríamos – también de un plumazo – las colosales pérdidas por los servicios no brindados por las obras inconclusas y abandonadas: carreteras, escuelas, hospitales, redes de agua y desagüe, equipos inoperativos, etc. Estamos hablando de palabras mayores.
Por ello, disolver las 3,000 – y más – Unidades Ejecutoras del Estado, cuyos funcionarios son expertos en coimas y sobrevaluaciones; y reemplazarlas por una Autoridad Autónoma (AA) profesional, meritocrática, descentralizada y apolítica… ¡esa sería una gran reforma que aplaudiríamos todos los peruanos; excepto los corruptos!
Lampadia
