Disolvería los tres antifujimorismos
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Un buen gobierno de Keiko Fujimori, dentro de los cauces democráticos, pondría fin a la polarización antifujimorista que tanto daño ha hecho al país.
De hecho, pondría fin a aquel antifujimorismo que se originó en el rechazo justo y natural de sectores democráticos y “progresistas” a los abusos autoritarios de Fujimori, sobre todo en su última etapa, cuando suprimió controles democráticos sometiendo los poderes constitucionales y comprando la prensa para asegurar su segunda reelección.
Este antifujimorismo le adjudica a ella un gen autoritario que la llevaría a implantar una dictadura, pese a que ella se opuso a Montesinos desde los años 90 y formó un partido político a diferencia de su padre. Y está detrás de la narrativa de que ejerce una dictadura parlamentaria desde la que controla todas las instituciones.
El compromiso de Keiko Fujimori es respetar las instituciones y entregar el poder el 2031.
Con ello, este antifujimorismo desaparecería por inanición.
Pero hay otros dos antifujimorismos. Uno segundo es el que vino de partidos de izquierda marxista ambivalentes frente al senderismo, que consideraban que la vía de la lucha armada era correcta, pero no era el momento.
Crearon una organización de derechos humanos llamada Aprodeh, vinculada al Partido Unificado Mariateguista (PUM) de Javier Diez Canseco, que denunciaba a militares.
Ese grupo estuvo en el origen de la demonización de Fujimori como violador de derechos humanos, que tuvo luego un desarrollo sistemático en organizaciones como el IDL.
Convirtió las horrendas matanzas ocasionadas por el grupo Colina en el símbolo de la perversidad de la lucha antiterrorista de Fujimori, pese a que la estrategia antisubversiva del expresidente no se basó en exterminios masivos como en los 80, sino en lo contrario: en una alianza con las comunidades, en inteligencia policial para capturar –no desaparecer– a las cúpulas y en la conducción política presidencial en el campo. Una estrategia exitosa que el país no ha podido capitalizar precisamente por la demonización de Fujimori.
Como bien explica Sebastiao Mendonça en su excelente libro “¿Por qué fracasó Sendero?”, el Estado peruano derrotó militarmente a Sendero con una estrategia muy inteligente, pero no lo derrotó política e ideológicamente.
Sus tesis permanecen vivas y se expresan en el Movadef, el Fenatep y otros sectores de la izquierda radical que llevaron a Castillo el 2021 y a Sánchez el 2026.
Quizá el gobierno de Keiko permita escribir en los textos escolares, por ejemplo, la historia veraz acerca de la estrategia que derrotó a Sendero para que el país la convierta en orgullo nacional.
Y también la historia de como el cambio de modelo económico y la liberalización de la economía -consagrada en el capítulo económico de la Constitución- permitió un gran crecimiento que redujo la pobreza de 60% a 20% el 2019.
Ese fue un logro histórico que los peruanos no han interiorizado ni han convertido tampoco en orgullo nacional, y por eso tenemos cada cinco años la amenaza del retroceso a un socialismo arcaico vía una asamblea constituyente.
Lo que de paso podría servir para poner fin al tercer antifujimorismo, aquel originado en el sindicalismo comunista de la CGTP, empoderado por la revolución de Velasco en estructuras empresariales y estatales que fueron luego barridas por las privatizaciones y las reformas liberales, y que no le perdonan a Fujimori haber perdido el poder que tenían.
Pero era un poder artificial, tan artificial como la industria protegida, la estabilidad laboral absoluta, las empresas estatales deficitarias y el Estado hiperinflacionario.
No obstante, se construyó el mito de que las reformas “neoliberales” habían precarizado el empleo, pese a que en los 90 se incrementaron los beneficios sociales de los trabajadores –los costos no salariales-, provocando informalización.
La precarización fue la consecuencia paradójica de esa mayor protección. Pero eso ha llevado a que sea imposible avanzar en reformas formalizadoras.
Un gobierno de Keiko Fujimori deberá buscar un entendimiento para encontrar fórmulas que combinen mayor protección efectiva a los trabajadores (y mejores salarios) con mayor flexibilidad para el mercado laboral, tal como bien explica Augusto Townsend en su reciente libro “El Modelo Económico Explicado”. Con ello habría mucha más inversión, empleo formal y remuneraciones más altas. Y la CGTP tendría más poder porque tendría una base sindical más amplia. Se resolvería la contradicción y moriría así el antifujimorismo sindical.
Se avecinan buenos tiempos.
Lampadia
