Jaime de Althaus
Para Lampadia
Coincido con Jorge Morelli cuando escribe que las marchas de los jóvenes no son una suerte de revolución bolchevique sino más bien el indicio de una posible revolución burguesa, pues “su reclamo se dirige contra el Estado para gritarle “¡déjame trabajar, deja de estorbar y de robarme!”. Por eso le grita a la clase política: “no me representas”. “No pones orden, ¿quién manda acá?”. No es un grito contra el poder absoluto. Es contra un Estado incapaz de gobernar” (https://www.expreso.com.pe/opinion/dejame-trabajar-deja-de-estorbar-y-de-robarme/)
Si es así, los jóvenes deberían estar muy preocupados con las leyes que está aprobando el Congreso que, para favorecerse con votos para estas elecciones, están consolidando un Estado esencialmente ineficiente, burocrático y obstruccionista, además de estructuralmente desfinanciado. Un Estado que hará del Perú un país inviable anulando el futuro de las nuevas generaciones. Entonces deberían empezarse a preocupar. Deberían movilizarse.
La última ha sido la ley que obliga a nombrar de manera permanente y con estabilidad laboral absoluta a los más de 300 mil trabajadores estatales del régimen de Contratación Administrativa de Servicio (CAS). Según el MEF y SERVIR, esta brillante decisión genera un incremento automático del 25% del costo de la planilla estatal, que pasaría de S/.9 mil millones a S/. 11,250 millones anuales. Y esto en plena crisis económica.
Pero más grave aún es que se coloca en la planilla estatal permanente a personas que ingresan sin concurso público de méritos, consolidando una burocracia improductiva que solo servirá para poner trabas y problemas a los ciudadanos y a la iniciativa privada de cualquier tipo.
Se atenta contra la meritocracia, que debería ser un gran objetivo nacional, para que el Estado sirva al ciudadano y no se sirva de él. La meritocracia está recogida en la Constitución, cuyo Artículo 40 se titula justamente “Carrera Administrativa”, y establece que “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”. Hay, pues, una carrera pública, que es meritocrática por definición, y la ley que la regula es la Ley del Servicio Civil (Ley 30057), aprobada el 2013.
Los primeros que deberían protestar son los candidatos que están punteando en las encuestas, pues lo que recibirán si llegan al poder es una bomba de tiempo que les estallará en las manos.
El Estado no es un gran programa social para darle trabajo a personas de clase media que ingresan sin concurso y sin obligaciones de rendimiento ni cumplimiento de metas. La ley de Servicio Civil contenía justamente un proceso para ir incorporando a la carrera pública meritocrática a los trabajadores CAS y otros. Quizá se puede simplificar ese proceso, pero no se puede abandonar para regalar puestos permanentes a los amigos de turno.
Por lo demás, es absurdo prohibir modalidades temporales como los CAS que son necesarias y que, por lo demás, tenían derechos o beneficios tales como vacaciones de 30 días, fraccionamiento del descanso vacacional, adelanto de vacaciones, aguinaldo, licencias de maternidad y paternidad, permiso por lactancia materna, licencia por familiares directos que se encuentran con enfermedad, licencia sindical, cupón o vale por alimentación, protección frente al despido arbitrario, liquidación de beneficios tales como vacaciones adeudadas, vacaciones truncas, aguinaldo por Fiestas Patrias o Navidad adeudado.
Bueno, pero esta ley no es sino la última de un largo rosario. En la misma línea estuvo la que regala nombramientos –sin concurso nuevamente- y ascensos automáticos en Salud y Essalud, que no solo cuesta más de 3 mil millones de soles, sino que anula también cualquier meritocracia. ¿Cómo vamos a realizar una profunda reforma del sistema de Salud –otro gran objetivo nacional- sin meritocracia, sin evaluaciones, con estabilidad absoluta?
El Congreso también derogó los decretos de urgencia que ordenaban la negociación colectiva en el Estado y la reposición judicial con estabilidad absoluta a los trabajadores CAS, ambas situaciones que tenían y tienen un costo fiscal muy grande y son una contingencia futura inmanejable. Negociaciones colectivas terminan en laudos que otorgan aumentos y beneficios que no están presupuestados, por ejemplo.
Se sigue reventando el equilibrio fiscal, base de la prosperidad de los últimos 30 años. La que ha sido de antología es la que devuelve los fondos de la ONP, que constitucionalmente son intangibles, con un costo que puede llegar a los 18 mil millones de soles, abriendo un forado fiscal insondable.
Allí no queda la cosa. Se aprobó una ley que distribuye rentas a las municipalidades de centros poblados, que son más de 2,600, y que se institucionalizan, así como ¡quinto nivel de gobierno! Otra bomba de tiempo fiscal. Y también la ley que fija 2 puntos del IGV para la inversión pública de las Regiones, gasto que en la actualidad no pasa de 1 punto del IGV.
Y así sucesivamente. Los congresistas regalan la plata de todos los peruanos como si fuera suya, generando derechos que luego será muy difícil revertir y que condenan al Estado peruano al desfinanciamiento y a la ineficiencia estructurales, a convertirse en un peso y un obstáculo que harán inviable el futuro del país.
¿Quién se moviliza contra eso? Lampadia
