Alejandro Deustua
Contexto.org
8 de setiembre de 2026
Para Lampadia
El 11 de setiembre de 2001 se suscribió en Lima la Carta Democrática Interamericana mientras que, en Nueva York, Al Qaeda destruía las Torres Gemelas. Aquel refuerzo del orden liberal en el Hemisferio, que contó con la participación del Secretario de Estado Colin Powell, contrastó con la más salvaje agresión antioccidental del siglo.
Una extraordinaria solidaridad colectiva con la primera potencia signó ese día a pesar de que la fecha marcó el fin de la estabilidad del “momento unipolar” y el inicio de la guerra global contra el terrorismo (cuya expresión más convencional se manifestó en la guerra de Afganistán -2001- y en la segunda guerra Irak -2003-).
Hoy, sin propósito liberal hemisférico y con prioridades de seguridad subregional, el Secretario de Estado Marco Rubio realiza una gira por tres países andinos.
El objetivo oficial es “fortalecer asociaciones” claves en la subregión en la lucha contra el narcoterrorismo y la promoción de la cooperación económica con Estados Unidos.
Si el primer objetivo se enmarca en el régimen informal “Escudo de las Américas” y el segundo prioriza la exclusión regional de terceros hostiles (China) sin programas plurilaterales de cooperación, ambos propósitos encuentran racionalidad en la Doctrina Donroe que privilegia el interés norteamericano.
Aunque, a diferencia del 2001, ese marco no merezca aprobación generalizada, el Perú debe dar la bienvenida condicional a la cooperación pautada por razones de afinidad histórica con Estados Unidos y de necesidad inmediata. Al hacerlo debe esclarecer las realidades que prologan la visita: la insistencia en un proteccionismo hostil contra socios hemisféricos (Canadá y México) y el ánimo dominante que la complementa reflejado ahora en la opaca negociación para la adquisición de recursos estratégicos en Venezuela. En ambos casos se registran tendencias expansivas sobre territorios y patrimonios soberanos que evidencian coerción (en el primer caso) y abuso de posición de domino (en el segundo).
En efecto, el gobierno de Trump está recurriendo a renombrar unilateralmente espacios de condominio marítimos y lacustres sobre los que podría reclamar soberanía unilateral. Éste es el caso del Golfo de México y del Lago Ontario a los que ha redefinido como Golfo de América y Lago América.
En ese marco ha procedido a suscribir con la dictadura venezolana un acuerdo que pondría a su disposición 20% de las reservas petroleras de ese país (65 mil millones barriles de crudo, se dice) a través de una empresa de dudosa solvencia y reputación (NABEP, cuyo titular ha sido acusado de corrupción y lavado de dinero) a la que se atribuye un rol importante en la producción actual de hidrocarburos (a pesar de haber sido fundada en 2024) y a cuyo directorio concurrirían ejecutivos norteamericanos con capacidad de veto.
Careciendo de recursos suficientes, esa empresa deberá gestionar capital y lograr ingresos (35% de los cuales corresponderían a Estados Unidos añadidos al acceso a 20% adicional proveniente de la venta petróleo “al costo”). El producto así obtenido se emplearía para reponer la menguada reserva estratégica petrolera norteamericana mientras que el agente financiero norteamericano sería una dependencia del Pentágono.
Sin que el acuerdo haya sido publicado ni consultado con los venezolanos, éste reconoce a la dictadura venezolana capacidad para comprometer recursos estratégicos marginando a la oposición democrática y complicando severamente, por tanto, la transición política.
María Corina Machado, la más reconocida representante opositora cuyo candidato ganó las elecciones de 2024 nuevamente violentadas por Maduro, ha expresado que el acuerdo no se ha realizado bajo los principios de transparencia, legalidad, eficacia y legitimidad.
Esa descripción benigna es complementada más crudamente por prestigiosos venezolanos en el exilio, como Ricardo Hausmann, profesor de Harvard, que han calificado el acuerdo de ilegal y suscrito por “cleptócratas”.
Este cuestionable modus operandi pone en cuestión la implementación de cooperación que requiera algún tipo de manejo financiero sustancial por el gobierno de Trump (como ocurriría en el Perú con un proyecto naval). Antes de proceder, por tanto, éste debe aclararse.
Como debe esclarecerse también la implementación general de la cooperación contra el narcoterrorismo sin poner en riesgo los acápites operativos que tenga adecuado marco legal. Especialmente si el control jurídico pertinente del uso de la fuerza ha sido cuestionado públicamente por asesores norteamericanos de alto nivel en reuniones con ministros latinoamericanos.
La cooperación de seguridad con Estados Unidos es esencial para el Perú. La visita del Secretario Rubio debiera contribuir a asegurar que aquélla se realizará por cauces normativos adecuadamente reconocidos. Y que, en un futuro, su gobierno recupere algún nivel de respaldo y confianza que el mundo le extendió el 11 de setiembre.
Lampadia
