En la última década han fallecido más de treinta mil peruanos en pistas y carreteras del país por causa de los accidentes de tránsito. Estas cifras de escándalo solo generan olas de indignación pasajeras en los medios y ciudadanos en general, sin que se mantenga una presión permanente para exigir medidas drásticas que remedien esta situación. Ante tal anomia, se impone en las calles, la ley de la selva.
La última ola de accidentes mortales que ha tenido como protagonista a la empresa Orión, parece haber despertado una, todavía tímida e inarticulada, reacción del Ejecutivo y de los municipios de Lima y Callao. El Gobierno ha promulgado un Decreto Supremo para modificar los reglamentos de Tránsito, de Administración del Transporte y de licencias de conducir.
Recién a partir de esta norma se podrá retener el brevete de un chofer y enviar al depósito al vehículo infractor, se podrá cancelar permisos a empresas que contraten a choferes con 100 puntos en su récord y se podrá retirar las rutas a las empresas que incumplan con los reglamentos. Por su parte, el gobierno municipal del Callao anunció que se suspendía “de forma precautiva” la circulación de la empresa Orión en la ruta Ate-Callao cuya licencia le fue concedida hasta el2022.
Estas acciones son saludables, pero no atacan los problemas de fondo.
Hacia una solución definitiva
Uno de los problemas radica, justamente, en la enorme cantidad de instancias e instituciones que existen y que deben velar y regular el transporte de una metrópoli como Lima que cuenta con 9,5 millones de habitantes.
Como ya se señaló en Lampadia: En la gestión del transporte y el desarrollo urbano de Lima y Callao están involucradas 49 instituciones, entre regiones y municipalidades. Además se requiere una laboriosa coordinación entre la MML, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial del Callao, que termina siendo inefectiva.
Por eso Lampadia propuso la creación de una Autoridad Única y Autónoma que diseñe las políticas y gestione el transporte de la capital. Lo mismo ha sido propuesto por Mariana Alegre, coordinadora de Cómo Vamos, y Adrián Revilla, ex jefe de la Sunat y director de Cruzada Vial. Hasta el Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Paredes, en una entrevista de RPP el 24 de abril último, sostuvo: «Por supuesto que hay la intención de crear una autoridad única”, para luego agregar que «se requieren dos legislaturas y un referéndum. No podemos esperar”.
Para explicar esta propuesta, Lampadia puso de ejemplo a Londres que ¡hace 159 años!, cuenta con una autoridad metropolitana que fue la semilla de su autoridad de transporte actual (Transport for London) y que hoy gestiona todos los sistemas: el metro, tranvías, buses, autos, bicicletas, además de hacerse cargo de los problemas de congestión, uso de vías, etc.
Pero aún con una autoridad autónoma lo que se debe cambiar es la comprensión del problema del transporte público. Este no solo se va a resolver estipulando más sanciones y haciendo más claras las normas, el problema de la enorme incidencia de accidentes y, en especial, el de la gigantesca congestión que provocan las empresas de transporte público, se debe a un asunto económico. Solo de esta manera se irá cambiando la mentalidad de muchos conductores. Hoy es frecuente escuchar a algún taxista que incumple una norma, justificarse diciendo: “estoy trabajando”, e inclusive a los policías, repetir lo mismo ante el reclamo ciudadano: “está trabajando, señor”.
Como ha diagnosticado certeramente Claudia Bielich hace cinco años en su libro, La guerra del centavo (2009. Lima CIES-IEP), uno de los problemas más importantes radica en el sistema laboral en el que se encuentran los choferes.“(…) están inmersos en un sistema laboral que los obliga a manejar así o, por lo menos, no desincentiva dicha práctica de manejo. (…) el sistema laboral está relacionado con la poca presencia del Poder Público en la organización del sistema urbano de transporte”.
La denominada “guerra del centavo”, se produce debido a que las empresas de transporte, tienen escasa regulación del Estado y son inestables jurídica, organizacional y económicamente. La gran mayoría de ellas son comités o cooperativas, con estructuras informales, diseñadas para diluir sus responsabilidades.
Los choferes causan los problemas debido al sistema laboral que los lleva a “optimizar”su operación. Según, Bielich establecen distintas tácticas, como: “chantarse” (quedarse parados en semáforos y esquinas de alta concentración de pasajeros) y “corretear” (ganarle los pasajeros a un competidor llegando primero a las esquinas o paraderos, e inclusive en las intersecciones, así se formen dos o tres líneas de vehículos en pugna. Parte de la solución pasa por generar las condiciones que permitan contar con empresas sólidas que operen con sistemas laborales adecuados.
Una idea en el camino:
Como en otras metrópolis, los buses, grandes y pequeños, deben estar prohibidos de pasar a otro que esté más adelante. Solo deberían ocupar el carril derecho, el que lo incumpla, debería perder el uso del vehículo (en un depósito) por tres meses. Esto debería ser cumplido estrictamente por las autoridades, incluso con la colaboración de los ciudadanos que reporten los incumplimientos adjuntando fotografías desde sus celulares.
Una de las “enfermedades” sociales del país, es que cada vez que un tema específico se calienta, todos nos avenimos a discutirlo con gran intensidad, pero el ímpetu se desvanece después de una o dos semanas. Así paso hace poco con las pruebas Pisa. No puede pasar lo mismo con lo del transporte, cuando aparezca otro tema de relevancia. Esta vez, los ciudadanos, los medios, los líderes de opinión, deben comprometerse en mantener la presión y exigencia de solución hasta que se forme la Autoridad Única, debidamente empoderada por normas efectivas y con capacidades de sanción. Démosle al gobierno seis meses de plazo para solucionar este problema. Lampadia
