Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Los culpables del asesinato de seis soldados del Ejército en Ilave son los delincuentes que los atacaron y obligaron a arrojarse al río donde perecieron. (Y los apedrearon en el río, según “Expreso”, 8/3/23). Y el gobierno que los envió a enfrentar a esas violentas turbas criminales con la orden de no defenderse si son agredidos. En particular la presidente Dina Boluarte, el PCM Alberto Otárola y el ministro de Defensa Jorge Chávez.
El gobierno ha oscilado desde el comienzo entre la debilidad y la firmeza, y en el último tiempo, asustados por la ofensiva de las ONG caviares nacionales e internacionales, y por el sistema judicial también penetrado por los caviares, volvieron a ordenar a los militares que no hagan uso de sus armas si son atacados.
Un absurdo, una irresponsabilidad, una negligencia criminal del gobierno.
¿Para qué decretan el estado de emergencia y le entregan el control de Puno a las Fuerzas Armadas si al mismo tiempo las obligan a no hacer uso de sus armas?
¿Es que ni siquiera se plantearon la posibilidad de que en la misma región en que una turba asesinó salvajemente a un policía que tampoco hizo uso de su arma para defenderse, podía ocurrir lo mismo?
Es decir, ya existía una experiencia muy cercana de lo que son capaces esas turbas asesinas en esa región. Y a pesar de eso insistieron en ordenar a los militares que no respondan si son atacados. No hay duda que ellos -presidente, PCM y Mindef- son también responsables de la muerte de esos muchachos. Que además eran oriundos de esa región.
Estos funcionarios son tan torpes e ingenuos que creen que haciendo eso se van a librar de la asechanza de comunistas y caviares. Eso, por supuesto, no va a ocurrir. Los van a perseguir hasta el último día de su vida.
Otra necedad del gobierno ha sido anunciar un enorme plan de inversiones para Puno, creyendo que con eso van a lograr que la violencia disminuya. En realidad, es un incentivo, un premio a los que provocan disturbios, muertos y heridos.
Ahora muchos piden, con razón, la renuncia de Otárola y Chávez. El asunto es que el problema principal es Boluarte. Pueden cambiar los ministros, pero ella seguirá siendo la misma, la que fue cómplice de Castillo hasta la víspera de su defenestración, la que sigue imbuida de ideología izquierdista.
Dentro de la institucionalidad de la democracia fallida no parece haber salida. Boluarte y el Congreso quieren quedarse hasta el 2026. Varias veces ambos han hecho la finta de intentar recortar el periodo, pero ellos mismos lo han saboteado con intrincadas leguleyadas, incomprensibles para la ciudadanía.
La posibilidad de una renuncia de Boluarte parece descartada, por lo menos por el momento. Y en caso que se produjera, su reemplazante, el presidente del Congreso, ha tenido un desempeño en el último tiempo que no augura nada auspicioso.
El resultado, es que el gobierno, ya débil, ahora carece casi por completo de respaldo. No lo tiene en la ciudadanía, según muestran las encuestas, carece de una bancada en el Congreso, los comunistas e izquierdistas lo abominan y ningún grupo político lo apoya abiertamente. Se sostiene solamente por inercia, porque los parlamentarios quieren quedarse todo el tiempo posible en sus curules. Lampadia
