Avances en la depuración y cierre del REINFO y en la ley MAPE
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Integrar a los mineros informales al sistema legal llevaría a la consolidación del estado de derecho en el Perú e incluso a disminuir las pulsiones electorales antisistema. Por eso su formalización es el proceso más importante en el país hoy. Tiene que ser exitoso.
La novedad es que el MINEM tiene ahora ideas más claras acerca de qué y cómo hacer. La ley que extendió el REINFO seis meses (prorrogables otros seis) le transfirió durante ese plazo al MINEM la competencia para culminar el proceso de formalización de los inscritos en el REINFO. El MINEM tiene listo el reglamento de esa ley hace más de un mes, pero recién se aprobaría en mayo debido a la compleja ruta aprobatoria en el Ejecutivo. Solo le quedaría un mes para culminar el proceso, de modo que lo que va a ocurrir es que se prorrogará seis meses más.
Lo primero es la depuración del REINFO. Ese reglamento le dará 45 días a quienes están suspendidos en el REINFO para que cumplan con los requisitos para levantar la suspensión. Si no lo hacen, quedarán automáticamente excluidos. Una proporción importante de los 65,000 suspendidos saldrían por esa vía. Mientras tanto en los próximos cuatro meses a partir de ahora el ministerio enviará equipos de trabajo con GPS al campo para georreferenciar todas las labores mineras de los inscritos en el REINFO, para verificar si están trabajando en las coordenadas que declararon. Quienes no coincidan o no tengan labores serán también depurados. Allí podría salir el 50% según el director general de Formalización Minera, Máximo Gallo.
Lo segundo es culminar el proceso de formalización. Un avance en el entendimiento del problema ha sido que el Ministerio ha segmentado distintos tipos de relaciones o situaciones, para dar soluciones específicas.
Por ejemplo, resulta que, de los 84 mil mineros en vías de formalización, hay 28 mil en concesiones extinguidas. Allí el MINEM podría otorgarles sin problema el derecho o la concesión, pero se requiere un cambio legal.
De otro lado, solo 12 mil se ubican en concesiones de mediana o gran minería, para los cuales, si están en áreas no trabajadas, se buscaría acuerdos de explotación otorgándoles incentivos a los dueños tales como menores derechos de vigencia o penalidades o menor impuesto a la renta.
La mayor parte de los informales, sin embargo, 32 mil, están en concesiones de pequeños mineros, donde puede haber diversas situaciones.
Según Gallo, en muchos casos el dueño de la concesión no la trabaja y más bien le cobra a los informales por el oro extraído, pero no les firma un contrato de explotación. Son operaciones negras. En esos casos, si no se regularizan, perderían la concesión. Pero si el concesionario quiere explotar su concesión, los informales tendrían que salir.
Para incentivar la formalización y mejorar la pequeña minería, se creará el Fondo Minero, para los que ya estén formalizados. Su reglamentación saldría en dos o tres meses. Gallo lo define como un mercado de servicios para que las mejores empresas puedan darle al pequeño minero asistencia técnica, empresarial, legal y tributaria, financiada por el Fondo, que se formaría con un capital semilla puesto por el Estado, pero luego se nutriría con un auto gravamen. La agencia Proinnóvate, dirigida por Alejandro Afuso, lo gestionaría. También compraría el oro, y lo comercializaría.
Mientras tanto el MINEM avanza en la generación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), creado en la última ley. Allí se ubicarán las bases de datos de todas las entidades que tienen que ver con tema minero: SUNAT, INGEMET, SUCAMEC, RENIEC, REINFO, RECPO, UIF, PNP, etc. Con esa plataforma se crea la aplicación “Q’ori” para que los mineros y otros agentes registren en su celular todas las transacciones vinculadas al oro, so pena de decomisarles el oro. El sistema permitiría, por ejemplo, registrar todo lo que reciban y entreguen las plantas de beneficio, georreferenciar todos los camiones que transportan oro, con GPS, así como el transporte o venta de explosivos, cianuro, y otros insumos. En junio tendrán ya un primer piloto.
El Ministerio tiene ya definidos 16 puntos para ser introducidos en la ley MAPE. Tiene planeado discutirlos con los gremios MAPE, la SNMPE y la academia durante el mes de abril, para luego elevarlos a la comisión de energía y minas del Congreso la primera semana de mayo al congreso. La idea es que la ley MAPE se pueda aprobar en junio.
El proceso está en marcha, pero no será fácil que prevalezcan las propuestas serias.
El riesgo de que se termine aprobando una norma que termine destruyendo los derechos de propiedad y el sistema de concesiones, y por tanto el futuro de la minería y del país, no es menor.
Esta es una tarea fina de construcción del Estado de derecho en la minería, que pone a prueba la capacidad de todos. Su importancia es trascendental.
Lampadia
