Jaime de Althaus
Para Lampadia
La Fiscalía de la Nación es un problema para la democracia peruana. No contenta con haber destruido o debilitado gravemente parte de la clase política nacional con los procesos Lava Jato por donaciones de campaña que no fueron otra cosa que formas de persecución política, ahora reincide de manera insólita abriendo investigación preliminar contra Fuerza Popular -nuevamente- y contra “País para Todos”, el partido que lleva a Carlos Álvarez, ante denuncias que buscan que la Corte Suprema los declare ilegales por presuntamente haber violado el artículo 14 de la ley de Organizaciones Políticas.
Pone, en buena cuenta, a Fuerza Popular y al partido de Carlos Álvarez en la misma categoría que el partido de Antauro Humala, que fue declarado ilegal debido al discurso antidemocrático, anticonstitucional, defensor de sediciones y rebeliones y promotor de fusilamientos a diestra y siniestra.
Si la Fiscal de la Nación no rechazó de plano esas denuncias interesadas, es porque, una vez más, está embarcada en un juego político y quiere acaso culminar la obra destructora de los procesos antes mencionados.
Basta revisar los cargos imputados a Fuerza Popular para ver que se trata de una demanda ridícula.
La denunciante pretende que ese partido ha incurrido en conducta antidemocrática por estar envuelto en el “Caso Cócteles” (que está en curso y, como hemos repetido, más bien debería ser sobreseído porque es pura persecución política), porque cuestionó los resultados de las elecciones 2021, porque Kenji Fujimori (que no es militante de Fuerza Popular) ha sido sentenciado por un delito, y porque existe un supuesto vínculo con el colectivo “La Resistencia”.
Cualquiera con dos dedos de frente echaría al tacho en el acto esa denuncia. Pero nuestra Fiscal de la Nación quiere investigar, justo cuando se convoca a elecciones. Quiere reanudar la persecución política. Recuerda la manera como el Fiscal José Domingo Pérez adelantó su acusación cuando faltaban diligencias solo para poder hacerlo antes de la primera vuelta de las elecciones del 2021, a fin de perjudicar electoralmente a la candidata.
No hay otra manera de interpretar su decisión porque es imposible entender cómo la Fiscal de la Nación encuentra alguna relación entre los hechos denunciados y las causales del artículo 14 mencionado:
que el partido haya vulnerado sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos; y que haya apoyado políticamente la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo o el narcotráfico y que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
Lo mismo con la denuncia contra Carlos Álvarez, planteada justamente por un miembro de partido A.N.T.A.U.R.O ya ilegalizado, por haber manifestado que se le debe aplicar la pena de muerte a los violadores menores de edad, expulsar a los ciudadanos extranjeros, que no está de acuerdo con la Corte Interamericana de San José, que no está de acuerdo con que se indemnice a los terroristas y se mantenga a los presos…
Francamente señora Fiscal de la Nación, deje de desestabilizar la democracia.
Suficientes excesos comete ya también, en otro terreno, con la manera como abre investigaciones, allana viviendas y catapulta información a los medios sobre actos presuntamente cometidos por la presidente, su hermano y un exministro, sin respetar, en lo que la presidente se refiere, el espíritu del artículo 117 de la Constitución que establece que no se puede acusar al presidente de la república durante su mandato.
Nadie está diciendo que no se investigue, pero debe hacerse se manera reservada y en lo estrictamente necesario. Sin hablar del abierto desacato a la ley sobre la investigación preliminar, y la consecuente renuencia a sentarse con el ministerio del Interior a definir un protocolo de relaciones entre policías y fiscales para combatir la criminalidad.
Si hay una institución que daña entonces la democracia, sin exculpar conductas de otras autoridades, es la Fiscalía de la Nación. Definitivamente debe ser recompuesta y renovada. Lampadia
