Mientras el mundo acelera su inversión
El Perú sigue postergando la suya
David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia
Pocas políticas públicas tienen un impacto tan amplio sobre el crecimiento económico como el desarrollo de infraestructuras. Carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de transmisión, plantas de tratamiento o sistemas de agua potable no solo elevan la productividad y reducen costos logísticos; también mejoran la calidad de vida, generan empleo y fortalecen la competitividad del país.
Por ello resulta preocupante que, una vez más, el avance de la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) esté muy por debajo de lo esperado. El más reciente reporte del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Estado situacional de la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) en 2026 muestra una realidad que debería llamar la atención de las nuevas autoridades y de toda la ciudadanía: ni siquiera después de reducir significativamente las metas de adjudicación para este año estamos logrando cumplirlas.
La primera señal de alerta es particularmente reveladora.
A fines de 2025 se esperaba adjudicar 33 proyectos APP por US$ 8,430 millones durante 2026. Sin embargo, pocos meses después la propia cartera fue recortada a apenas 19 proyectos por US$ 4,152 millones.
Es decir, el país redujo prácticamente a la mitad su ambición antes incluso de iniciar la carrera. Pero el problema no terminó allí.
Al cierre del primer semestre solo se habían adjudicado dos proyectos por US$ 656 millones, equivalente al 16% de la meta actualizada en monto y apenas al 11% en número de proyectos.
En otras palabras, no solo estamos adjudicando poco; también estamos fallando respecto de una meta que ya había sido considerablemente rebajada.
Más preocupante aún es que el calendario restante concentra un riesgo evidente.
De acuerdo con el reporte del CPC, quedan por adjudicar 17 APP por US$ 3,496 millones, de las cuales 14 proyectos —equivalentes a US$ 2,720 millones— están programados para el último trimestre del año.
Esa concentración coincide con el cambio de gobierno y el inicio de una nueva administración, circunstancia que históricamente suele generar mayores retrasos administrativos, redefiniciones de prioridades y procesos de transición.
El propio informe advierte que esta acumulación eleva significativamente el riesgo de que muchas adjudicaciones terminen desplazándose hacia 2027.
Este problema trasciende el incumplimiento de un cronograma. Cada proyecto que se posterga significa inversión privada que no llega, empleo que no se genera, servicios públicos que continúan deteriorándose y productividad que el país deja de ganar. En un contexto internacional donde muchas economías están acelerando sus inversiones para fortalecer su competitividad, el Perú continúa atrapado en sus propios cuellos de botella institucionales.
Paradójicamente, el país sí dispone hoy de condiciones macroeconómicas favorables para impulsar un nuevo ciclo de infraestructuras.
La inflación permanece controlada, el costo del financiamiento comienza a moderarse y los elevados precios de los minerales ofrecen una oportunidad extraordinaria para acelerar el crecimiento.
Sin embargo, esas condiciones externas solo podrán traducirse en mayor bienestar si somos capaces de ejecutar inversiones de manera oportuna.
La experiencia internacional demuestra que las APP bien diseñadas constituyen uno de los instrumentos más eficaces para cerrar brechas de infraestructuras cuando el Estado enfrenta restricciones fiscales y limitaciones de gestión. Su principal fortaleza consiste precisamente en distribuir adecuadamente riesgos entre el sector público y el privado, asegurar estándares de servicio y atraer inversión de largo plazo.
Naturalmente, las APP no son una solución mágica. Requieren proyectos técnicamente sólidos, reglas estables, procesos transparentes y una institucionalidad capaz de conducirlos hasta su ejecución.
Pero precisamente allí radica el desafío peruano: nuestro problema ya no parece ser la falta de proyectos, sino la creciente dificultad para convertirlos en inversiones efectivas.
El próximo gobierno tiene una oportunidad para romper esta inercia. Más que anunciar nuevas carteras o fijar metas cada vez más ambiciosas, el verdadero desafío consiste en recuperar la capacidad de ejecución del Estado. Ello implica fortalecer ProInversión, simplificar procedimientos, mejorar la coordinación entre entidades, reducir espacios para judicializaciones innecesarias y otorgar mayor predictibilidad regulatoria.
La competitividad no se construye con anuncios ni con listados de proyectos. Se construye cuando las inversiones efectivamente se adjudican, se firman y comienzan a ejecutarse.
El reporte completo del Consejo Privado de Competitividad, Estado situacional de la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) en 2026, puede consultarse aquí: https://www.compite.pe.
Allí se presentan en detalle los avances, retrasos y principales riesgos que enfrenta la cartera de APP al cierre del primer semestre de 2026.
Lampadia
