El sistema político peruano parece haberse puesto de espaldas al proyecto Conga en Cajamarca, una de las inversiones más grandes de la historia del Perú (US$ 5mil millones), arriesgando el círculo virtuoso de la inversión privada de las últimas dos décadas y cediendo al sabotaje de los movimientos anti mineros. En recientes declaraciones, el Presidente Humala ha sostenido que el proyecto Conga depende de la empresa y todos nos quedamos boquiabiertos. De otro lado, el fujimorismo, de gran arraigo popular en la región, está dividido para las elecciones regionales del 2014 dejando el campo libre a las opciones anti inversión privada.
Ante semejante indiferencia del gobierno y de los partidos políticos, Javier Velarde, gerente general de Yanacocha, ha declarado que en “el 2015 evaluaremos si se construye el proyecto Conga”. Si en tanto el Presidente renuncia a la soberanía del Estado, afirmando que todo depende la empresa, estamos en una trampa absurda. Durísimo golpe para nuestra cartera de inversiones mineras. Vale señalar que las trabas burocráticas y la violencia antiminera ya han retrasado 43 proyectos mineros bloqueando alrededor de 25 mil millones de dólares de inversión.
Sin embargo es necesario enfatizar que en este caso ha habido graves fallas de comunicación, tanto por parte del Estado, como de la empresa y otros actores públicos. Los ciudadanos requieren información sobre los temas de trascendencia nacional, y nadie puede eximirse de esta responsabilidad.
También habría que recordarle al Mandatario que, según la Constitución, el Estado es el dueño de los recursos naturales y, como titular de ese derecho, entrega concesiones a privados. Si el Estado renuncia a ejercer soberanía en las concesiones que otorga y le carga el bulto a los inversionistas, entonces, el Perú ya no sería una democracia, un estado unitario, sino que se estaría convirtiendo en una Tierra de Nadie, donde sectores particulares ejercen violencia y poder de acuerdo a sus intereses. En otras palabras, se impondría “la ley de la selva”.
Los funcionarios de Newmont tienen absoluta razón cuando afirman que el proyecto Conga no solo depende de la empresa sino del Estado, las autoridades regionales y las comunidades. Si el gobierno central y las regiones no invierten adecuadamente los recursos del canon en las zonas de influencia de los proyectos mineros, ¿cómo se puede aseverar que estos solo dependen de los privados? Y, si todos hemos contemplado cómo los movimientos radicales han ganado elecciones para convertir a la región en un espolón contra la inversión, ¿por qué las fuerzas democráticas de la oposición renuncian a la unidad para enfrentar a los antimineros en Cajamarca?
Conga comienza a convertirse en un proyecto emblemático de tanta envergadura que, si se viabiliza, salen los demás proyectos paralizados como Tía María, Cañariaco y otros.
El pronunciamiento de Humala sobre Conga ubica al Estado como un Pilatos que “se lava las manos” ante una responsabilidad irrenunciable: ejercer la soberanía. Pero ese Pilatos, al lavarse las manos, estaría transformando varias regiones del país en verdaderas Tierra de Nadie, en virtuales zonas liberadas, donde prosperan las acciones anti mineras de Tierra y Libertad y Patria Roja, así como de la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando armado y el narcotráfico aliado con el terrorismo. La conducta de los partidos de oposición también contribuye a ese lavarse las manos frente a la situación. Todo nos parece indicar, pues, que la viabilidad de Conga va a representar una prueba de fuego para el sistema político. Una gran oportunidad para estar a la altura de las circunstancias o seguir de espaldas al futuro del país.
