Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNPME
Para Lampadia
El Perú ha tenido una historia política, social y económica muy azarosa, baste revisar las sucesiones de gobiernos, golpes de estado, carreras políticas y traiciones. La evolución de sus indicadores económicos; crecimiento del PBI, estructura productiva, comportamiento de la inflación, evolución de su deuda pública, estructura y comportamiento de su comercio exterior, cerrazón o apertura comercial y a la inversión. En lo social; magnitud de la pobreza, evolución de la cobertura de las necesidades básicas y del acceso a la salud, nutrición, educación y seguridad.
Perfectamente podríamos hacer un corte entre el antes y el después de la década de los 90 del siglo pasado. Ya hemos explicado los números en oportunidad anterior y por lo tanto no los repetiré y, aunque es cierto que no es suficiente el crecimiento económico para brindar a nuestros ciudadanos las condiciones de vida que merecen, sí es una condición indispensable para lograrlo. Si nos hubiéramos ocupado de tener una adecuada regionalización y gobernanza para ese proceso, hoy nuestra población estaría disfrutando de los beneficios de tal crecimiento económico.
En el país, hemos manejado dos mundos diferentes; uno corporativo, moderno, con exigencias propias de países de la OCDE, al que le hemos exigido, con toda justicia y más allá del respeto a la ley, una adecuada “Gobernanza Corporativa”, respeto a la institucionalidad, la ética y la moral, como elementos fundamentales para el desarrollo de nuestra economía, quienes además deben actuar con responsabilidad social y ambiental. Reglas aplicadas a menos del 30% de nuestros ciudadanos y empresas, pues para los demás ciudadanos y empresas, estos conceptos jamás existieron, como no existen en la práctica tampoco, tales exigencias y reglas para los gobiernos regionales y locales, pues no se han sometido a estas instituciones.
Hoy, como parte de la campaña de segunda vuelta, sale el profesor Castillo a plantear; cambio de Constitución, eliminación del Tribunal Constitucional, desaparición de la Defensoría del Pueblo, disolución del Congreso, eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la SUTRAN. Estoy seguro que se me están escapado otras instituciones que desea reformar o simplemente eliminar. Ya no se trata únicamente de respetar las reglas de juego y las instituciones creadas al efecto, sino de desconocer todo. Por ejemplo; hasta antes de la llegada de la pandemia, los accidentes de tránsito eran la principal causa de muerte en el Perú y, además, el generador de la mayor cantidad de lesiones incapacitantes, sin embargo, el profesor no quiere que haya reglas, permisos, ni sanciones. ¿Habrá pensado el profesor y su principal grupo de electores, que la población más afectada por petardear esas instituciones, son ellos mismos como usuarios de transporte público informal e ilegal?
El Perú se ha convertido en un país de pequeños empresarios y emprendedores, quienes se han desarrollado durante la bonanza económica de estos últimos 30 años, tiempo durante el que han disfrutado del arrastre que les ha significado la existencia y crecimiento de empresas medianas y grandes. Muchos pequeños empresarios de la hotelería y restaurantes descentralizados, empresarios que atienden alimentos y bebidas de grandes operaciones mineras y de construcción fuera de Lima, transportistas, fabricantes textiles de ropa de trabajo, calzado industrial y fábricas metal-mecánicas y múltiples empresas de servicios, han nacido y crecido a la sombra de esta creciente actividad empresarial nacional e internacional. La bonanza trajo como consecuencia; demanda de más y mejores edificios de vivienda y de oficinas, más servicios de tecnología y comunicaciones y una creciente demanda de actividades de entretenimiento, un florecimiento de actividades culturales y oportunidades para aristas de todas las ramas del arte y folklore.
Todo lo mencionado, ha permitido que sólo aproximadamente entre un 25 a 30% de los ciudadanos, sean los contribuyentes responsables que, creando oportunidades y riqueza, aportan para alcanzar entre 14% y 16% de presión tributaria en el Perú. Cifra que escandaliza a muchos analistas y observadores de nuestra economía, ya que ésta debiera alcanzar entre 20 y 22%. Nos podríamos imaginar; ¿qué pasaría si nos tiramos abajo a las empresas formales, quienes soportan cargas de hasta 50%, para que en promedio se alcance esa despreciada presión tributaria? No olvidemos que, en el primer gobierno de García, llegamos a 3% de presión tributaria. Así empezaron Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros. Esa es la razón por la que hoy existe más de 5 millones de emigrantes venezolanos en el mundo, muchos de ellos, gente educada y profesional, que se ha visto obligada a aceptar cualquier oportunidad de trabajo y sub-empleo, con tal de subsistir en un país extranjero, que muchas veces les es hostil.
No quiero ver a mi Patria sumida en ese dolor y, por eso, debemos exigirle a quien gane las elecciones, un trabajo urgente, prioritario e intenso en la solución de las necesidades básicas de los eternos olvidados por los sucesivos gobiernos municipales y regionales de izquierda, que fueron insensibles e incapaces de resolverlas. Deben estar obligados a que, tales necesidades sean atendidas, bajo injerencia directa de un gobierno nacional debidamente motivado y bajo pena de destitución inmediata de funcionarios, debidamente supervisados por la Contraloría General de la República. El nuevo Congreso debe comprometerse, con urgencia, a trabajar de la mano del ejecutivo, para llevar a cabo la reforma política necesaria.
La población, después de haber conocido el progreso y la modernidad, se vería obligada a regresar a una situación de angustia y miseria peor que antes de los 90s (más de 96% de pobreza y de 79% de pobreza extrema en Venezuela), como “la leona de dos mundos”.
¡Si no acometemos la tarea hoy, en cinco años estaremos nuevamente en este trance y con más razón! Lampadia
